REDACCION CENTRAL,
La congresista Rosa Mavila, que ha promovido la despenalización del aborto eugenésico y por violación en Perú, acusó a ACI Prensa de organizar, junto al Population Research Institute (PRI), una "campaña difamatoria" contra sus colegas Verónika Mendoza, Doris Oseda, Natalie Condori y Celia Anicama; también promotoras del aborto, que en el Perú es inconstitucional.
En un documento firmado el 13 de junio por Mavila, Oseda y Anicama, las congresistas acusan a ACI Prensa y el PRI de llevar adelante supuestas campañas que "distorsionando groseramente delicados temas públicos que conciernen a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, buscan condicionar a los Congresistas de la República en el ejercicio regular de sus funciones constitucionales".
Mavila instrumentalizó para su denuncia la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, de la que es presidenta, intentando presentar como víctimas a las congresistas peruanas, que han venido impulsando que el Código del Niño y del Adolescente incluya como prioritaria la repartición de anticonceptivos a adolescentes desde los 14 años sin el consentimiento de sus padres.
En un artículo titulado "Perú defiende la vida 'No a la Despenalización del Aborto'" el Doctor en Derecho Eduardo Oré Sosa, reveló que cuando formó parte de la Comisión Revisadora del Código Penal de 2009, junto con Rosa Mavila antes que ésta fuera parlamentaria, ella propuso despenalizar el auto-aborto "cuando se produzca antes de las doce semanas de gestación, siempre que se produzca en circunstancias derivadas de precariedad económica, de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, o factores de edad, sociales o familiares".
En estos días, Mavila participa en la campaña "Déjala Decidir", que busca despenalizar el aborto por violación en el país.
Por su parte, Gladys Condori, Doris Oseda, Elsa Anicama y Verónika Mendoza, de la mano de ONGs abortistas como Promsex, Demus, Flora Tristán y las falsas "Católicas por el Derecho a Decidir", han promovido la inserción en el artículo 27 del Código del Niño y del Adolescente que los menores, desde los 14 años, puedan acceder a "información, orientación y servicios de salud sexual y reproductiva confidenciales", lo que se traduce en entregarles anticonceptivos sin que tengan conocimiento de esto sus padres o tutores.