SAN JUAN,
Más de 100 mil personas se reunieron frente al Capitolio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su capital San Juan, para manifestar que los habitantes de la isla se levantaban “en defensa de la familia, el matrimonio, la niñez y la vida”, frente a propuestas legislativas de avalar el mal llamado “matrimonio” homosexual y la adopción por parte de parejas gay.
La marcha del 18 de febrero, convocada por la plataforma Puerto Rico por la Familia, consiguió reunir a católicos, cristianos de otras denominaciones y organizaciones pro familia y pro vida sin afiliación religiosa.
El lobby gay organizó una marcha paralela, intentando boicotear la manifestación pro familia, pero no logró reunir más de 100 personas.
La cifra de 100 mil personas (que algunos medios estiman más cerca de los 200 mil), es todo un récord en una isla que cuenta con sólo 3,6 millones de habitantes.
El Obispo de Arecibo, Mons. Daniel Fernández Torres, participante en la manifestación aseguró que una sociedad que desmantela la familia natural está destinada a la ruina y la demolición.
Por su parte, el doctor César Vásquez Muñiz, presidente de la Pastoral Unida a Favor de la Familia, aseguró que esta manifestación surgió “en respuesta a las amenazas que se han percibido sobre el matrimonio y la familia”.
Esta marcha, indicó, “es un acto para defender nuestros derechos y proteger a los niños”.
La marcha pro familia y vida busca expresar la oposición de los puertorriqueños a diversos proyectos en el Senado y la Cámara de Representantes, que buscan la aprobación de las uniones homosexuales, incluir a las parejas del mismo sexo en delitos de adulterio, avalar la adopción de niños por parte de parejas gay y la enseñanza en las escuelas de la ideología de género.
Para Puerto Rico por la Familia, estas amenazas constituyen un “atentado legislativo contra nuestra libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad religiosa”.
Al intentar redefinir la sexualidad y la familia se afirmarán “modelos de convivencia que son dañinos para la sociedad y que debilitan el matrimonio”.
Las leyes que eviten la discriminación por “orientación sexual” sentarán las bases para que sea legal “discriminar contra la Iglesia y los cristianos”.
Además, advirtieron, las leyes que se están promoviendo en el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, significarán la “marginación de los cristianos y de sus valores del proceso político y de la elaboración de leyes que nos gobiernen”.
En Puerto Rico, alrededor del 70 por ciento de habitantes son católicos, del 30 por ciento restante, una gran mayoría son protestantes pentecostales.
De acuerdo a las estadísticas del país, el 52 por ciento de la población asegura que va a la iglesia al menos una vez por semana, lo que lo ubica entre los seis países más practicantes del mundo, luego de Polonia, Sudáfrica, Filipinas, Irlanda y Nigeria.
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