El Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés), Cardenal Timothy Dolan anunció que espera que la administración de Obama encuentre medidas que solucionen las preocupaciones de la Iglesia ante la norma abortista.
El 1 de febrero el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) dio a conocer el documento de 80 páginas que describe las propuestas de modificación ante el mandato que obliga a las empresas a brindar planes de salud que incluyan esterilizaciones, anticonceptivos y fármacos abortivos.
El Cardenal en una declaración del 7 de febrero, expresó que se “redoblarán los esfuerzos para superar los obstáculos y contratiempos” contra una ley que se niega a reconocer los derechos de conciencia de las instituciones católicas y “de los empresarios que operan sus negocios de acuerdo con su fe y los valores morales”.
"No podemos abandonarlos a ser forzados a violar su conciencia moralmente bien formada" expresó el Cardenal.
"Damos la bienvenida y tomamos en serio la invitación de la administración para presentar nuestras inquietudes a través de observaciones formales, y lo haremos con la esperanza que se pueda encontrar una solución que respete las conciencias de todos”.
El Purpurado resumió sus preocupaciones en tres puntos clave: el poco conocimiento que tiene la administración sobre las instituciones religiosas y sus ministerios; y que la administración pretenda que los ministerios eclesiásticos financien y faciliten anticonceptivos, fármacos abortivos y esterilizaciones que violan la doctrina Católica.
Como tercer punto señaló que la norma desprecia los derechos de conciencia de los propietarios de empresas privadas.
Estas son las mismas preocupaciones que el Comité Administrativo de USCCB expresó en sus declaración titulada Unidos por la Libertad Religiosa que presentó en marzo de 2012.
El Cardenal Dolan dijo que al parecer "se pretende ofrecer un estatus de segunda clase a las instituciones católicas del cuidado de salud, educación y de caridad que tienen un estatus de primera clase”.
Además mencionó que el gobierno “podría solicitar a todos los empleados de nuestros ministerios a contar con la ilícita cobertura sin poder excluirse de la misma ni poder excluir a sus hijos".
“El HHS –agregó el Purpurado– ofrece una adaptación de la norma, en vez de aceptar el hecho que nuestros ministerios son parte integral de nuestra iglesia y digno de la misma exoneración”.
El Cardenal dijo además que “vamos a seguir unidos con nuestros hermanos obispos, instituciones religiosas y ciudadanos individuales que buscan una reparación en los tribunales durante el tiempo que sea necesario".
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