BUENOS AIRES,
El Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Mons. José María Arancedo, reiteró la oposición de la Iglesia a la despenalización de las drogas.
En declaraciones publicadas hoy por el diario santafesino El Litoral, el Prelado indicó que “la droga en nuestros barrios, como dice la gente que trabaja en ellos, está de hecho despenalizada. La despenalización por ley sólo agregaría la idea de que la droga no hace tanto daño, es decir, agravaría el problema y no daría una solución”.
El Arzobispo reiteró así la oposición de la Iglesia a la despenalización del consumo de estupefacientes y respondió a los dichos del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, quien se manifestó a favor de una discusión en ese sentido, sobre todo referido a drogas “blandas” como la marihuana.
Tras la polémica suscitada por la extensión del tráfico de sustancias ilícitas en territorio santafesino, con su correlato de violencia, Mons. Arancedo subrayó que “estamos ante una cuestión que no pertenece a la esfera sólo de lo privado, sino que hace al bien público de la sociedad”.
En ese sentido, expresó que “se maneja con mucha ligereza en estos casos el concepto de drogas blandas y drogas duras, como queriendo disminuir su nocividad o asimilarlas a otras adicciones”, cuando el potencial dañino en todos los casos es sostenido por la evidencia científica y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
“Cuando hablamos del consumo de drogas no hablamos de las adicciones en general, por ejemplo al tabaco, aunque sabemos que es perjudicial. Desconocer, o minimizar, las consecuencias irreparables que su uso implica, es un modo de complicidad pasiva con su consumo. No se trata de criminalizar al adicto, a quien hay que ayudar y prevenir frente al daño que ello implica, sino de definir un juicio y una actitud llamada a tener consecuencias para el bien de la sociedad”, aseveró.
Remitiéndose a un documento de hace seis meses, el Arzobispo destacó que “la población más vulnerable son los jóvenes en general, en especial la de los barrios carecientes; estos últimos no tienen la capacidad de discernir y de asumir una actitud de rechazo, aunque aparentemente sean libres”.
“La droga viene a ocupar un lugar, un vacío en sus vidas del cual, desgraciadamente, no se vuelve. Ellos son las primeras víctimas. Al no plantear las verdaderas causas del camino a la droga, parecería que la sociedad no asume el problema ni siente el compromiso de una respuesta”.
“Hay que escuchar a los familiares de los drogadictos para recibir un baño de realidad en estos temas. No debemos olvidar ni minimizar, por otra parte, el sentido pedagógico que tiene la ley. ¿Qué significaría, para ese universo de actuales y posibles adictos, decirles que la droga tiene un reconocimiento legal? ¿Es correcto que, en defensa de un pretendido derecho privado o subjetivo, se llegue a provocar un daño público?”, cuestionó.
Mons. Arancedo insistió en que “frente a la gravedad del hecho de la droga el desafío es cultural. Es necesario, por ello, apostar a una educación integral que dé sentido a la vida del niño y del joven; fortalecer tanto los lazos familiares como presentar proyectos de vida que vayan despertando y definiendo su futuro, y no temer poner límites frente a lo que los daña y termina degradando”.
“Hay, lamentablemente, una urgencia en sacar rápido estos temas que no ayuda a plantear el problema y buscar soluciones de fondo. Es imprescindible, y siempre estamos en falta, redoblar los esfuerzos para combatir las redes mafiosas de los ‘mercaderes de la muerte’. Para ello es necesaria la presencia de un Estado, que en el ejercicio de sus poderes constitucionales, asuma una actitud clara, sin claudicaciones y ejemplar”, concluyó.
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