REDACCION CENTRAL,
El Dr. José María Simón Castellví, miembro del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios (Pastoral de la Salud) y el vicepresidente de Profesionales por la Ética (PPE), Fabián Fernández de Alarcón, coincidieron en la gravedad que significa para España que el “rey del aborto” Carlos Morín haya sido absuelto de la acusación de haber perpetrado 89 abortos ilegales en Barcelona.
En declaraciones a ACI Prensa, el Dr. Simón Castellví, también presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC), aseguró que esta absolución “se trata de un hecho gravísimo”, pues “resulta que a uno de los pocos colegiados que, después de muchos esfuerzos por parte de muchas personas y durante mucho tiempo, ha sido puesto a disposición judicial con pruebas y más pruebas, resulta absuelto del grave delito del aborto”.
“Esta sentencia marca un antes y un después”, subrayó Simón Castellví, pues en adelante “ya no hay pena humana para el aborto procurado en España”.
Para el presidente de FIAMC esto es “gravísimo”, pues ya ninguna entidad judicial perseguirá a quienes procuren abortos en el país.
Simón Castellví señaló que “tendremos que combatir el aborto provocado de otras maneras: espirituales, mediáticas, políticas, pedagógicas”.
“Si matar niños en el vientre materno no es delito humano, Dios actuará. Él es humilde y paciente. Pero su justicia es contundente”, señaló.
Para Simón Castellví, “la ley se ha maldecido a sí misma en España”.
Por su parte, Fabián Fernández de Alarcón, vicepresidente de PPE, la absolución a Carlos Morín pone de manifiesto “que la mentalidad favorable al aborto como derecho se ha instalado en la sociedad y en las instituciones españolas, lo que nos obliga a llevar a cabo una labor pedagógica y divulgativa de alcance”.
Fernández de Alarcón también criticó las “lagunas del procedimiento judicial”, pues “resulta sorprendente que las declaraciones de testigos protegidos cambiaran antes y después de la celebración del juicio o que la grabación de los métodos de Morín no pudiera utilizarse como prueba”.
“No olvidemos que el caso, destapado en 2008, sirvió al Gobierno español de la época para impulsar una reforma del aborto en la que esta práctica pasó de estar despenalizada a reconocerse como derecho. De esta manera, médicos abortistas como el doctor Morín quedaban legitimados para eliminar seres indefensos prácticamente sin límites y obteniendo cuantiosos beneficios por ello”, señaló.
El vicepresidente de Profesionales por la Ética subrayó que “la cuestión de fondo es que la ‘legalidad’ de cualquier tipo de aborto voluntario es una farsa en todos los casos porque, más allá de los plazos y las formalidades burocráticas, se trata de la eliminación de un ser humano”.
Para el líder pro vida “esto es lo que debe entender el Gobierno español si quiere afrontar con coraje la protección de la vida y la maternidad”.
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