LIMA,
Cerca de 20 mil personas recorrieron el 23 de enero las principales calles del centro de Lima (Perú), como parte de la Gran Marcha por la Familia y los Valores, organizada por la Coordinadora Nacional Pro-Familia (Conapfam).
Los organizadores señalaron que el propósito de la marcha fue protestar “contra la última ordenanza impulsada por la Municipalidad de Lima, que propone programas que fomentan ideologías LGTBI, atentando contra los principios y valores éticos de la gran mayoría de los limeños”.
Para Conapfam, la Municipalidad de Lima, dirigida por la alcaldesa Susana Villarán, de marcado apoyo a la ideología gay, se ha excedido “en sus funciones municipales para buscar la forma de impulsar una ideología con los tributos de todos los limeños”.
En efecto, Villarán promovió desde mediados de 2011, a los pocos meses de asumir el mandato municipal, una ordenanza que hubiera obligado a los establecimientos de la capital peruana a permitir muestras de afecto homosexual, bajo pena de multas e incluso clausura del local en donde se coloque el cartel de "esta ciudad y este local promueven la igualdad por identidad de género y orientación sexual".
En octubre de 2012, Villarán avaló que, con fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se auspicie la campaña "Hagamos la revolución. ¡Conviértete en lesbiana!", que comprendía una serie de actividades que promovían el lesbianismo en la ciudad.
Los manifestantes expresaron además su indignación por un reciente fallo del Tribunal Constitucional peruano que despenaliza las relaciones sexuales con menores de edad en el país.
Este, indicaron, es “un atentado contra los derechos del niño, que elimina el delito de seducción y deja sin instrumentos legales a los padres de familia para interceder en defensa y protección de sus hijos e hijas”.
Los participantes en la Gran Marcha por la Familia y los Valores también presentaron un pronunciamiento en Palacio de Gobierno, en el que expresaron “nuestra profunda preocupación por los diferentes aspectos elaborados en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, que atenta contra la familia y la vida”.
Adicionalmente se entregó un documento al Congreso de la República, en el que se expresó la preocupación de los defensores de la vida y familia “por las propuestas legislativas denominadas ‘Crímenes de Odio’ que atentan contra los derechos de la libertad de conciencia, opinión, pensamiento, expresión y religión”.
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