SAN JOSÉ,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Costa Rica por prohibir en su legislación la fecundación in vitro (FIV), y abrió con su sentencia las puertas al aborto en toda América Latina.
En su sentencia, la CIDH afirma que “el embrión no puede ser entendido como persona” y redefine arbitrariamente la concepción, asegurando que esta “tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero”.
Los magistrados también fundamentaron su sentencia en que que “la protección del derecho a la vida (…) no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo”.
El Director de la Oficina para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, ha expresado en repetidas ocasiones el peligroso alcance de este fallo, que “afectará toda protección constitucional o legal de la vida del concebido que reconozca o haya otorgado cualquier país de Latinoamérica”.
Con este fallo, dijo Polo, “se dejará campo libre a las organizaciones internacionales abortistas y esta protección al concebido correrá el riesgo de ser revertida”.
En octubre de este año, 75 organizaciones defensoras de la vida de América Latina y Europa remitieron una carta abierta a la CIDH expresando su apoyo a Costa Rica en su derecho a prohibir la FIV por ser una práctica anti-vida.
“Costa Rica tiene derecho a proteger la vida del embrión humano rechazando las técnicas de fertilización in vitro, que de suyo ocasionan pérdidas y/o destrucción embrionaria”, expresaron en su misiva.
En declaraciones a ACI Prensa en octubre de este año, ), Ligia M. de Jesús, profesora de derecho internacional del Ave Maria School of Law (Florida, EEUU), denunció “prejuicios personales” de los jueces de la CIDH, que “afectan su imparcialidad y buena fe al conocer del caso de la FIV y podría incluso constituir causal de recusación si se determinara que existe un conflicto de interés”.
“Un juez que promueve la legalización del aborto lógicamente tiene una predisposición en contra del respeto de la vida del no nacido, es decir del feto o del embrión humano”, señaló.
Ligia de Jesús indicó que la jueza Margarette Macaulay, el juez Humberto Sierra Porto, y el presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, han apoyado en sus países iniciativas pro-aborto.
“La jueza jamaiquina Margarette Macaulay ha promovido anteriormente la legalización del aborto en Jamaica, su país natal. Antes de su nombramiento como juez, formó parte del National Advisory Group on Abortion, que recomendó la legalización del aborto en Jamaica”, recordó.
Por su parte, “el recientemente electo juez Humberto Sierra Porto, exmagistrado del Tribunal Constitucional colombiano, promovió durante su gestión el reconocimiento del aborto como un derecho fundamental en su país”, apuntó la catedrática.
Ligia de Jesús indicó que “el actual Presidente de la Corte, Diego García Sayán, ha tenido desde hace tiempo una posición personal a favor del aborto, que no ha intentado ocultar”.
“En el 2009, por ejemplo, escribió un artículo celebrando la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal de México”, recordó.
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