24 de noviembre de 2024 Donar
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Episcopado peruano critica plan de derechos humanos pro aborto y pro gay

La carta enviada a la ministra de justicia

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó sus críticas al Plan Nacional de Derechos Humanos en una misiva remitida a la ministra de Justicia, Eda Rivas, y le pidió que en el futuro "se elabore un plan de acuerdo a los principios, valores y derechos establecidos en nuestra Constitución Política".

Junto a la misiva, firmada por el Secretario General de la CEP, Mons. Lino Panizza Richero, y remitida el 5 de diciembre, se enviaron al despacho ministerial las observaciones de los representantes de la Conferencia Episcopal ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Dr. Humberto Ortiz Roca y la Dra. Maita García Trovatto.

La carta y la documentación fueron enviadas con copia a los despachos del Presidente de la República de Perú, Ollanta Humala Tasso, y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.

Los expertos comisionados por los Obispos peruanos señalaron en su escrito al viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, José Ávila, que el Plan Nacional de Derechos Humanos promovido por su despacho, "ignora todo el sustento legal nacional que protege al concebido".

El documento, criticaron, "tampoco respeta el fallo del Tribunal Constitucional, al tener dentro de los Objetivos Específicos la distribución gratuita de la AOE (anticoncepción oral de emergencia)".

Ortiz Roca y García Trovatto advirtieron que la redacción del plan de derechos humanos "justificaría que se reconozca como ‘derecho’ el cambio de identidad sexual o el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras afectaciones a la familia como institución natural".

La propuesta del Ministerio de Justicia, señalaron, "asume como derechos humanos a los ‘derechos sexuales y reproductivos’, los cuales repetidamente han sido rechazados en proyectos de ley nacionales e iniciativas internacionales".

Estos falsos derechos, de acuerdo al documento, son "distribuir gratuitamente la AOE (anticoncepción oral de emergencia", es decir, la píldora abortiva del día siguiente, "aprobar e implementar el Protocolo de Aborto Terapéutico" y "aprobar los protocolos especializados para la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres lesbianas".

En el ámbito de infancia, niñez y adolescencia, el plan de derechos humanos planteaba "despenalizar las relaciones sexuales consentidas de adolescentes", "protocolizar la práctica del aborto terapéutico en niñas y adolescentes" y "despenalizar el aborto por violación en niñas y adolescentes".

Los expertos también criticaron que en el ámbito de "personas con distinta orientación sexual a la heterosexual o identidad de género" se plantee como actividad concreta "generar información estadística sobre las principales barreras que impiden acceder a una ciudadanía plena", pues "este último concepto suele ser utilizado para la creación de nuevos ‘derechos’, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de niños, entre otros, de manera que si no le son otorgados no gozan de la plenitud de su ciudadanía".

Por ello, Ortiz Roca y García Trovatto advirtieron que esas políticas públicas "no se ciñen a lo establecido en el marco constitucional y legal de nuestro país".

"Por el contrario, a través de esta propuesta se busca modificar el régimen actual de protección de los derechos realmente humanos, introduciendo una visión particular de los mismos, sustentada en la ideología de género", advirtieron.

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El 8 de diciembre, el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani denunció que el Ministerio de Justicia estaba "cocinando un poquito en la oscuridad" el plan nacional de derechos humanos, al que calificó de "un intento de querer introducir otra vez el aborto, de querer introducir el ‘matrimonio’ que no es entre hombre y mujer".

Por su parte, el Arzobispo de Piura y Tumbes y presidente de la Comisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Mons. José Antonio Eguren, declaró a ACI Prensa que ese documento era contrario a la legislación de Perú.

"Al omitir esta defensa del concebido no nacido, este plan de derechos humanos está en oposición y confrontación con la Constitución, con el Código Civil y Penal y también con la Ley Nacional de Salud del Perú que reconoce la vida desde la concepción y la protección a la misma", indicó.

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