Este es el texto completo de la carta del Cardenal Bertone al rector de la ex PUCP

He sido informado detalladamente par el Nuncio Apostó1ico en el Perú, Su Excelencia Monseñor James Green, de las reuniones que han tenido en la sede de la Nunciatura Apostó1ica, así como de sus propuestas. Atendiendo al pedido que Usted le hizo, se amplió el plazo para la adecuación de los Estatutos desde el 8 al 18 de abril último.

Debo comunicarle ahora la notable decepción con que esta Secretaria de Estado ha ido percibiendo la orientación que ese Rectorado daba a la problemática, particularmente en la carta N. 068/12.R del 13 de abril de 2012 y en la sorprendente carta N. 095/12.R, del 9 de mayo de 2012, publicada como ‘Aviso’ en el Diario ‘La Republica’ el 11 de mayo de 2012. Llama particularmente la atención el modo de presentar en ella las indicaciones recibidas de la Santa Sede y el papel desempeñado por el Arzobispo de Lima. Esa interpretación ha sido causa de desinformación para la comunidad universitaria, para los fieles y los ciudadanos en general.

Como he tenido modo de expresarle antes, la situación irregular que viene atravesando la Universidad no es reciente y ha sido materia de seria preocupación de los tres últimos Arzobispos de Lima, no solamente del actual. La Universidad ha venido incumpliendo las disposiciones legales establecidas, que se ha advertido reiteradamente por escrito.

Consta en nuestros archivos que los últimos Estatutos de la PUCP fueron aprobados, como corresponde a una Universidad Pontificia, por la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades en 1946 y a ellos se han ido incorporando modificaciones aprobadas por la misma Congregación en los años 1957, 1964 y 1967.

Desde la última fecha, las Autoridades de la mencionada Universidad, sin previa y necesaria aprobación de la Santa Sede, han realizado múltiples y sustanciales modificaciones de los mismos perjudicando gravemente los derechos de la Iglesia. A la luz del Acuerdo vigente entre Perú y la Santa Sede y del Derecho Canónico consideramos que dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a la Iglesia.

Habiendo recibido de su parte una respuesta negativa al requerimiento de la Santa Sede, debo constatar que en las Autoridades de la Universidad que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa arbitrariedad, y que pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos al servicio de la educación católica.

Esta actitud no reconoce la legítima autonomía de que goza la Iglesia para organizar sus instituciones educativas, como es el caso de la PUCP, en total observancia de las leyes civiles vigentes en el País y del Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede. La autonomía de las Universidades Católicas ha sido siempre plenamente reconocida por la Iglesia, dentro del ámbito de sus normas, porque el necesario aporte de la libertad es imprescindible para una sana actividad de estudio e investigación comprometida en la búsqueda de la Verdad, empeño que debe presidir todo esfuerzo por ampliar las múltiples dimensiones del conocimiento y del saber.

Por el contrario, dejando de lado el requerimiento que ha sido hecho a esa Universidad de acomodarse a la ley canónica, del todo compatible con la legislación peruana, ese Rectorado responde que, como ‘premisa’ para adecuarse a la ley de la Iglesia es necesaria una ‘negociación’ con el Arzobispado de Lima que impida el control de este sobre la administración del patrimonio de la Universidad.

Sobre este punto se han pronunciado los tribunales del Perú. Se trata de un derecho-deber a favor de la Iglesia de Lima, que busca sólo garantizar la transparencia y ejemplaridad en dicha administración patrimonial y su adecuación a los fines fundacionales de esa Universidad. Son objetivos que interesan por igual a todos los fieles de esa comunidad eclesial.

Sorprende aun, el hecho que ese Rectorado anteponga un problema ‘que, al fin y al cabo, es exclusivamente un asunto de bienes materiales’, como decía Usted en su carta del pasado 13 de abril, al deber que esta Secretaria de Estado le recordaba de observar la legalidad eclesial.

Ambas cuestiones poseen su propia autonomía. Una ‘solución integral’, como Usted dice, que no respete los elementos de justicia que hay en una cuestión y en la otra, representa una solución contraria a la justicia. La primera exigencia, incondicional, que esa Universidad tiene que cumplir es la de ajustarse al Derecho y adecuar sus Estatutos a la legislación canónica.

A la luz de cuanto he escrito y después de tantos años de diálogo y tentativos para restablecer la legítima autonomía propia de una Universidad Católica, la Santa

Sede se ve obligada a adoptar las necesarias medidas en relación con esa Universidad.

A la presente carta le adjunto el Decreto de la Santa Sede al respecto. A Usted, Sr. Rector, le incumbe una concreta responsabilidad en la presente situación ya que, por razón del cargo, tiene la misión de hacer cumplir en la comunidad universitaria las leyes y disposiciones de la Iglesia.

Con todo el respeto le saluda atentamente y le encomienda
Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Su Santidad