BUENOS AIRES,
Cuando el gobierno presidido por la presidenta Cristina Fernández ha decidido expropiar el 51 por ciento de las acciones a la empresa española YPF, el Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer, analiza el rol del Estado y el principio de subsidiariedad, en la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia.
En su reflexión en su habitual programa sabatino Claves para un Mundo Mejor, que se transmite por América TV, el Prelado dijo que "la intervención del Estado en la actividad económica de un país es uno de los temas clásicos de estudio o de discusión cuando se habla de la política económica o del régimen político en una sociedad determinada".
"Sobre esto la Doctrina Social de la Iglesia tiene una posición muy clara enunciada desde los orígenes de la formulación moderna y que se ha ido desarrollando a lo largo de los años por obra de los Pontífices posteriores".
"La Doctrina Social de la Iglesia –explicó– reconoce el derecho del Estado a intervenir en la actividad económica cuando situaciones monopólicas ponen obstáculos al desarrollo o en circunstancias extraordinarias en las que al Estado le corresponde tener una función de suplencia precisamente en orden al bien común".
Además, dijo, la Iglesia "reconoce que estas intervenciones deben ser limitadas en su extensión y en su profundidad, para no cohibir la libertad de asociación y la libertad de actividad económica de los particulares, de las empresas o de los distintos grupos que integran la sociedad".
Esto se ilumina por el principio que se llama de subsidiariedad, que significa que el Estado no debe intervenir cuando las organizaciones intermedias y las personas, es decir las instancias menores o inferiores en el orden social, pueden realizar su cometido por su cuenta y cumplir con sus obligaciones en orden al bien común. Sí debe intervenir cuando esto falla".