LIMA,
La parlamentaria Hilaria Supa presentó en Lima el pasado fin de semana el documental "La cicatriz de Paulina", que recoge testimonios de las víctimas del programa de esterilizaciones forzadas, implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori en la década de 1990 en Perú, con el apoyo de diversas ONGs feministas y el financiamiento de Estados Unidos.
Según explica el director del filme, Manuel Legarda, su trabajo expone "las cicatrices dejadas en ellas (las víctimas) por políticas financiadas a través de organizaciones internacionales y cuyas consecuencias finales aún no han sido determinadas".
Legarda trata de justificar la complicidad de muchos grupos feministas en materia de las esterilizaciones forzadas, afirmando que "algunas organizaciones feministas en un principio creen en la iniciativa del presidente (Fujimori)", y la emprende contra la Iglesia al señalar que "dicho programa iba a contracorriente de las tendencias conservadoras principalmente de la jerarquía eclesiástica y permitiría el acceso de todas las mujeres a los diferentes métodos anticonceptivos".
De acuerdo al Population Research Institute (PRI), importantes grupos feministas "celebraron la modificación a la Ley Nacional de Población en Octubre de 1995 para incluir la esterilización como método de Planificación Familiar y recibieron muchísimo dinero de USAID precisamente desde 1995 para sumarse al Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva en el gobierno de Fujimori".
Uno de estos grupos feministas que participaron en la política de esterilizaciones del régimen fujimorista habría sido Manuela Ramos.
Según revela el PRI, "Manuela Ramos recibió 25 millones de dólares de USAID en un solo proyecto llamado Reprosalud entre 1995 y 2000 para ´aumentar la utilización de métodos de planificación familiar y otros servicios seleccionados de salud reproductiva en las áreas objetivo (varías provincias del interior del Perú)’"