21 de noviembre de 2024 Donar
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Se entregan militares involucrados en asesinatos de jesuitas en El Salvador

El Ministerio Salvadoreño de Defensa puso a disposición del 12º segundo juzgado de paz de San Salvador a los 9 militares que se entregaron el domingo 7 de agosto, involucrados en el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) perpetrado en esta capital el 16 de noviembre de 1989.

Según señala la agencia EFE, los militares se entregaron ante su inminente captura por parte de la Policía tras la orden internacional emitida por el juez español Eloy Velasco el pasado 30 de mayo.

El titular del juzgado salvadoreño, Carlos Calderón, explicó que enviará un informe a la Corte Suprema de Justicia para que "decida si procede o no la extradición" de los procesados, "y asigne así a un juez que materialice" su posible entrega a España.

Los que se han entregado son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y Mariano Amaya Grimaldi. También están José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

La orden de captura incluía también al general René Emilio Ponce, quien falleció en mayo pasado tras una operación al corazón en la capital salvadoreña.

Los sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en noviembre de 1989 fueron el entonces rector de la UCA, P. Ignacio Ellacuría, el vicerrector P. Ignacio Martín Baró, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, P. Segundo Montes, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amando López.

También fueron ultimadas la cocinera de la residencia de los jesuitas, la señora Julia Elba Ramos y su hija Celina Meredith Ramos, de 15 años de edad.

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés) sostiene que la noche del 15 de noviembre de 1989, el general Ponce, en presencia de varios mandos militares "ordenó al coronel (Guillermo Alfredo) Benavides asesinar al padre Ellacuría y no dejar testigos", según figura en el sitio web del CJA, que cita el informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador creada por la ONU.

Dos días antes del asesinato, el coronel Ponce ordenó un cateo en la UCA porque tenía información sobre la infiltración en el campus de 200 miembros del entonces movimiento guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y hoy partido político de izquierda que hizo de la UCA su sede intelectual.

Según algunos analistas, el ejército salvadoreño, del que Ponce hacía parte, consideraba esta casa de estudios como un "blanco militar legítimo" no porque fuera un centro de propiedad de sacerdotes católicos seguidores de la teología marxista de la liberación, sino porque en la práctica era el lugar que funcionaba como sede de la inteligencia de la guerrilla FMLN.

En declaraciones a ACI Prensa el 5 de mayo, el Arzobispo Emérito de El Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, expresó su confianza en que la muerte del general Ponce no convulsionará al país.

"No creo que la historia de El Salvador tenga absolutamente ninguna clase de convulsión por el fallecimiento de este militar o de cualquier otro militar pues al fin y al cabo no están en la cúpula del poder ni están ejerciendo una influencia definitiva sobre la marcha del país", indicó.

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Además, explicó que El Salvador está superando las heridas de la guerra civil que sacudió al país entre 1980 y 1992. "Se puede decir que es un hecho que hay una libertad civil, una democracia evidente".

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