MADRID,
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la "Declaración con motivo del proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida" en la que afirma que la "ley de muerte digna", en su actual redacción, no debe ser obedecida, y que se debe intentar abolir, modificar o no aprobar.
"Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas", señala el documento, aprobado en el marco de la 220° Comisión Permanente de la CEE celebrada la pasada semana.
Concretamente, el secretario general y portavoz de la CEE, Mons. Juan Antonio Martínez Camino, ha señalado en rueda de prensa que la norma no es una "ley justa" y que, por tanto, "no obligaría a su cumplimiento si no se modifica".
En este sentido, ha asegurado que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia sino que "justamente" la "está ejerciendo de manera fundamental". Además, ha advertido de que no debería haber prisa en regular un asunto de "tal trascendencia".
Además, en el texto, piden que se reconozca y garantice el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que se vean implicados en "situaciones que conlleven ataques legales a la vida humana" y rechazan que "desaparezca el criterio de la 'lex artis' o buena práctica médica como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal".
En esta línea, aunque los obispos admiten la intención "laudable" del proyecto de ley de "proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia", señalan que "no lo consigue" porque "deja puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas".