BARCELONA,
La jueza Elisabet Castelló imputó al magnate abortista Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores por 115 presuntos abortos ilegales practicados en las dos clínicas que posee en Barcelona.
Según informa el diario La Razón, Morín cobró entre tres mil y seis mil euros por cada aborto que practicó hasta el año 2007 sin importar que sus pacientes no cumplieran con los requisitos que establecía la antigua legislación española para el aborto, entonces permitido solo en casos de violación, malformaciones y riesgo de vida de la madre.
Además, hay indicios de que practicó abortos después de las 14 semanas de embarazo, límite establecido por la nueva Ley de Aborto que entró el vigor en julio pasado.
Entre los 115 supuestos abortos ilegales imputados a Morín y su equipo figuran 60 abortos de 22 semanas (cinco meses y medio), siete abortos de 27, 28 o 29 semanas (7 meses), un caso de 30 semanas (siete meses y medio) y otro de 32 semanas (ocho meses) de gestación.
Los abortos que se practicaban en las clínicas de Morín "terminaban con la vida de fetos de hasta 30 y 35 semanas –a las 40 las mujeres salen de cuentas–. En 2005, la clínica Ginemedex, una de las más activas, facturó 1,5 millones de euros", informa el diario.
Morín –de origen peruano– lucró con el negocio del aborto. "Su patrimonio actual, fraguado gracias a terminar con la vida de neonatos, podría calificarse de pequeña fortuna ya que los agentes inmobiliarios tasan su casa en 4,2 millones de euros. A su caserón, con jacuzzi, piscina y un amplio jardín, hay que añadir sus coches de lujo, entre ellos un Ferrari. Las chicas que pasaban por sus manos le pagaban en dinero negro, por lo que las auditorías nunca revelaban la verdadera cuantía que movía el peruano y su esposa".