MADRID,
La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (ANDOC), informó que los funcionarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), están preparando alegaciones a la ley del aborto, pues se sienten "utilizados como ‘instructores en procesos extrajudiciales de pena capital’".
"El SAS es un ejemplo de incoherencia administrativa, pues en cada provincia y en cada distrito se siguen instrucciones verbales distintas", señaló la ANDOC.
Relató que en Sevilla se pretende que estos funcionarios "diligencien las peticiones de aborto, en formularios donde no aparece el nombre de la beneficiaria, pero sí obliga a que aparezca" los datos del funcionario.
"En Granada se pretende que sean los médicos de atención primaria, o los enfermeros, y en zonas rurales exclusivamente los médicos para preservar el anonimato de la solicitante de aborto", añadió.
Indicó que en el caso de Málaga, se quiere convertir a los enfermeros en "diligenciadores de esos trámites, que son administrativos, una función diferente de la que corresponde a los enfermeros. Sea como sea, desde Huelva a Almería las normas de asignación de cometidos no existen, o son verbales, y ambiguas".
"Ese proceder sistemático de la Junta de Andalucía de ley del aborto, deja en indefensión a los profesionales sanitarios, y a los funcionarios y trabajadores sociales, que no pueden conformar su voluntad, y les priva del derecho de recurrir si es que así lo estimaran: La Consejería de Salud esquiva materializar en nomas y órdenes a los interesados los nuevos cometidos que adquieren por aplicación de la Ley", criticó ANDOC.