MADRID,
El presidente de la plataforma ciudadana Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga, denunció que Google decidió permitir que las clínicas abortistas se anuncien en España, luego de la entrada en vigor de la nueva ley que permite esta práctica infanticida hasta la semana 14 del embarazo. En una carta abierta a la filial de Google en España recuerda que el aborto sigue siendo un delito.
En el texto Arsuaga señala que con esta decisión, Google, "sinceramente, nos ha decepcionado por varios motivos".
Jurídicamente, explica, "el aborto sigue siendo un delito, despenalizado en determinados supuestos, a partir de la semana 14 del embarazo. El aborto sigue tipificado en el código penal español, con penas de cárcel para el empresario o profesional que lo comenta fuera de los supuestos de despenalización".
Por tanto, prosigue, "si no impide la publicación de anuncios de empresas autorizadas a cometer abortos a partir de la semana 14, Google anunciará y promoverá la práctica de delitos, aún en los casos en que ese delito no lleve aparejada la pena correspondiente. La ley cuya aplicación se alega como base de la decisión de modificar las políticas de Google ha sido recurrida al Tribunal Constitucional, que todavía no ha dictado Sentencia".
"Si nos atenemos a la doctrina sentada en su Sentencia de 1985, y a los votos particulares al Auto por el que se acuerda la no suspensión de la norma, es muy posible que la ley del aborto sea declarada inconstitucional. Nos parece una imprudencia que Google haya modificado sus políticas antes de conocer la Sentencia que dirima la compatibilidad de la ley del aborto con la Constitución española (que en su artículo 15 consagra el derecho a la vida) y, en caso de declararla inconstitucional, determine su nulidad de pleno derecho".
Arsuaga afirma luego que "la decisión de admitir la publicación de anuncios de empresas abortistas en España nos parece incompatible con la política que Google aplica en países como Alemania o Francia, por la que se impide en estos países anunciar sitios web que promocionen ‘servicios de aborto’. La legislación sobre el aborto en ambos países es esencialmente idéntica a la recientemente aprobada en España, combinando el modelo de plazos (el aborto queda despenalizado en las 12 primeras semanas de gestación) con el de indicaciones hasta la semana 22 del embarazo".