BUENOS AIRES,
El presidente de la ONG Pro-Vida de Argentina, Roberto Castellano, dio a conocer que en el municipio de Bariloche de la ciudad de Río Negro, el juez Martín Lozada "dio luz verde a los médicos" para efectuarle el aborto a una joven de 17 años víctima de violencia sexual; y denunció que con estas prácticas judiciales de "eliminación de la población" se pretende "poder atender con mayor desahogo el endeudamiento externo de la Nación".
Castellanos señala que el aborto al que sometido la joven, cuyo embarazo era "producto de supuestas violaciones de su padre y de un hermano del mismo" y a la cual el Obispo de Bariloche y los voluntarios de Gravida ofrecieron su ayuda y acompañamiento, había sido "solicitado por la Asesoría Legal del Ministerio de Salud provincial a cargo de Cristina Díaz, que actúa en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación".
Pese a que "la sentencia de muerte no estaba firme, ya que la Defensora de Menores la había apelado, Lozada dio luz verde a los médicos del hospital local para que mataran al bebé, sin esperar siquiera que la Cámara de Apelaciones resolviera".
"El proceder de los funcionarios fue respaldado por el gobernador oficialista de Río Negro, Miguel Saiz, por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, al igual como hiciera en los casos anteriores de Chubut, el gobernador Mario Das Neves", agregó.
Asimismo, el presidente de la ONG Pro-Vida recordó que "nuestra Constitución Nacional garantiza el derecho a la vida, desde el momento de la concepción, sin embargo, el juez Lozada, premio UNESCO 2008 y colaborador del Centro de Estudios Legales y Sociales, entidad financiada por la Fundación Ford, el Banco Mundial y fundaciones angloestadounidenses, al igual que los restantes funcionarios políticos y judiciales intervinientes en estos casos, han decidido convertir en letra muerta el ordenamiento legal vigente y plegarse lisa y llanamente a la decisión política de ampliar y facilitar el aborto, especialmente en los sectores de menores recursos".
"La razón no escrita de tal recurso controlista es aumentar el superávit fiscal, eliminando población para poder atender con mayor desahogo el endeudamiento externo de la Nación, manteniendo a nuestro país como despoblado productor de materias primas para el mundo desarrollado", denunció.