MÉXICO D.F.,
El experto en derecho Alberto Patiño Reyes, pidió a los legisladores garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los oficiales del Registro civil del DF ante la nueva ley de uniones homosexuales, cuyos promotores buscaron "con la consigna de ganar sufragios en las próximas elecciones de un colectivo que vota y tiene presencia en la política, los medios de comunicación y en la academia".
"Es menester, proteger a los Oficiales del Registro civil, cuando el Estado se hace cada vez más intervencionista, legislando sobre cuestiones de fuerte contenido ético, en este caso pretender equipar al matrimonio de varón y mujer, con la unión homosexual", señaló el también miembro del Consejo de Analistas Católicos de México en el área de estudio de la relación Iglesia-Estado, Estado Laico y Objeción de Conciencia.
Patiño explicó que el sistema jurídico mexicano adolece de "un reconocimiento expreso del derecho de objeción de conciencia". Sin embargo, el Estado mexicano está obligado a respetarlo al haber suscrito y ratificado instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de Derecho Humanos o Pacto de San José que "reconoce el derecho de la persona a la libertad de conciencia y de religión", y que "se ubican jerárquicamente por encima de las (leyes) federales".
El experto indicó que ante un conflicto entre seguir la ley civil o la propia conciencia, el oficial del Registro civil atraviesa por una "importante carga moral", y por ello, "el Estado debe garantizar lo que importa (que) es la conciencia de cada funcionario (…). Ya que la objeción de conciencia es un derecho individual, no colectivo".
"La objeción de conciencia, aunque tenga raíces en creencias religiosas institucionalizadas, es un fenómeno esencialmente individual. Es la conciencia de cada persona la que, desde su autonomía como individuo, genera el conflicto con una concreta obligación jurídica", explicó.
Por ello, ante este dilema, Patiño preguntó si "así como se legisló un tema que toca las fibras morales de la persona ¿promoverán (los parlamentarios) una ley para garantizar la objeción de conciencia a los funcionarios que por motivos de conciencia se rehúsen a acatar esta nueva disposición?