MADRID,
La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (ANDOC), recordó al gobierno de Andalucía que está obligado a obedecer la Constitución, que ampara el derecho a la objeción de conciencia, y no buscar desconocerlo en la aplicación de la ley de eutanasia.
"Considerando la postura del gobierno andaluz a lo largo de la tramitación de esta ley, nos tememos que no se trate tanto de escrúpulos jurídicos, sino del afán por obstaculizar en la práctica el ejercicio de la objeción por parte de los profesionales sanitarios, que podría originar una conflictividad perniciosa en el sistema sanitario", advirtió ANDOC.
En ese sentido, recordó que "el derecho de objeción de conciencia, como han indicado reiteradamente sentencias de los tribunales españoles, es un derecho constitucional que no necesita una regulación por ley para ser reconocido, pues la Constitución es directamente aplicable en materia de derechos humanos", y que tanto el gobierno andaluz y el resto de ciudadanos están obligados a acatarla.
"La objeción de conciencia médica, farmacéutica y de los enfermeros está contemplada en todos los códigos de ética sanitaria de los colegios profesionales nacionales e internacionales", añadió.
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