MADRID,
El director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética (PPE), José Luis Bazán, destacó que el Tratado de Lisboa, que entró en vigencia ayer, se ha convertido en una herramienta legal que respalda a los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), al reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Dicho tratado, que fue negociado por cerca de ocho años, recoge como parte dogmática constitucional la Carta Europea de Derechos Fundamentales, constituyéndose en "un respaldo a las pretensiones de los objetores a las asignaturas de EpC".
"Un conjunto de asignaturas como EpC, que evalúa el comportamiento y los valores de los alumnos incluso en la familia, que impone una especie de religión civil sobre las convicciones de los padres y pretende construir la conciencia moral de los alumnos se encuentra con un nuevo obstáculo jurídico, que es el Tratado de Lisboa", expresó Bazán.
El experto indicó que dicha herramienta exige el "respeto de la vida privada y familiar", la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y reconocimiento específico del derecho a la objeción de conciencia. También prohíbe toda discriminación, incluida de tipo religiosa o por convicciones.
Además, explica, el Tratado de Lisboa promueve el "respeto al derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas", y protege a los niños y salvaguarda su interés superior, "especialmente en las relaciones con autoridades públicas e instituciones privadas".
"Este Tratado puede invocarse directamente ante los tribunales españoles tanto en los procesos en curso como en los nuevos. Además, esta norma permite a los objetores acceder al Tribunal de Luxemburgo por vulneración del Derecho Comunitario, un proceso diferente al que conduce al Tribunal de Estrasburgo por vulneración del Convenio de Derechos Humanos", explicó Bazán.