LIMA,
El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Mons. Miguel Cabrejos, subrayó que "la vida no puede ser suprimida por ninguna razón, ni sacrificada a favor de otros, aunque sea para salvar a alguien", cuando en el Congreso se debate el tema del aborto.
Ante algunas presiones de sectores abortistas que incluyen al Ministro de Salud, Oscar Ugarte, quien en declaraciones a una radio local señaló que el mal llamado aborto terapéutico "defiende la vida", el también Arzobispo de Trujillo recuerda en el texto "El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece" que "el primer derecho de una persona es el derecho a vivir, que es el fundamento y condición de posibilidad para ejercer todos los demás derechos".
"A nadie le compete dárselo a unos y quitárselo a otros. No es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye este derecho, sino que es algo anterior, lo que implica que denegarlo constituye una injusticia".
Por ello, señala Mons. Cabrejos, "la vida no puede ser suprimida por ninguna razón, ni sacrificada a favor de otros, aunque sea para salvar a alguien. Cuando se admiten derogaciones a este principio, se está abriendo la puerta al aborto, a la eutanasia y a cualquier otro procedimiento discriminatorio".
Para el Prelado, quienes buscan "sacrificar la vida" del no nacido para "resguardar la vida de la madre, aún en casos lamentables de violación, parten del presupuesto de que la vida de la madre tiene mayor valor que la del hijo, lo que es arbitrario y falso. Todos los seres humanos poseen la misma dignidad y el mismo valor", posición compartida y expresada de manera oficial por el Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien explicó a través de un comunicado que su ministerio rechaza la despenalización del aborto.
Tras recordar que la Constitución reconoce que la vida comienza en la concepción y que éste es un derecho no disponible, el Arzobispo denuncia que "hay sectores que justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual, y sobre este presupuesto pretenden no sólo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de practicarlos con absoluta libertad y con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias, que deben estar puestas al servicio de la vida".