MADRID,
En una carta presentada ayer al Ministro de Educación de España, Ángel Gabilondo, los 52 mil objetores de conciencia reunidos en 76 asociaciones que se oponen a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), le reiteran a esta autoridad la necesidad de solucionar el conflicto actual mediante el diálogo.
El texto de la carta señala que "una vez más nos dirigimos a Ud. como representantes de miles de familias que han tomado la decisión, muy meditada, de ejercer su derecho a la objeción de conciencia a las asignaturas denominadas genéricamente Educación para la Ciudadanía. Le reiteramos nuestro ofrecimiento para buscar una solución a este conflicto que dura ya demasiado tiempo y que tiene judicializado el sistema educativo, tan necesitado de estabilidad".
Los objetores recuerdan además que el pasado miércoles 23 de septiembre se conocían las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que daban la razón plenamente a los padres objetores al reconocer, de forma contundente, entre otras cosas, que dichas asignaturas (EpC) tienen una "intensa carga ética, moral e ideológica", así como un "confesado propósito de reconstrucción de valores".
Estas razones, prosiguen, han llevado al Tribunal a apreciar "el riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que estos se vean dispensados ex artículo 27.3 CE de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos"
"Estas recientes sentencias, las primeras de casi trescientas que quedan pendientes en Castilla y León, vienen a confirmar que el Tribunal Supremo no zanjó, en absoluto, el conflicto de Educación para la Ciudadanía", precisan luego.
A estas sentencias hay que sumar los 250 recursos presentados esta misma semana por padres objetores de la Comunidad Valenciana, donde hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia no se ha pronunciado sobre el derecho a objetar, explican en la carta al Ministro.