MADRID,
En una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) dada a conocer este jueves, los prelados lamentaron "profundamente que en su día se haya admitido a trámite y que hoy se haya votado en comisión parlamentaria una reprobación de las palabras y de la actuación" del Papa Benedicto XVI por sus afirmaciones sobre la lucha contra el SIDA, en su viaje a África.
En aquella oportunidad, Benedicto XVI explicaba que la labor de la Iglesia Católica en la lucha contra el SIDA es esencial, y que este esfuerzo es doble: el primero consiste en "una humanización de la sexualidad, es decir una renovación espiritual y humana que lleve consigo un nuevo modo de comportarse el uno con el otro, y segundo, una verdadera amistad y sobre todo con los que sufren".
Además de lo indicado, el Santo Padre señalaba –en una respuesta que un sector de la prensa dio a conocer de manera sesgada y sin la amplitud debida para este delicado tema– "que no se puede superar este problema del SIDA solo con slogans publicitarios. Si no existe el ánimo, si los africanos no se ayudan, no se puede resolver el flagelo con la distribución de preservativos: al contrario, el riesgo que se corre es el de aumentar el problema".
Diversos gobiernos rechazaron las expresiones del Papa y el Parlamento español discutía una iniciativa que fue impulsada por Izquierda Unida y por Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV). Esta medida fue rechazada finalmente.
Con este tipo de posturas, dice la nota de la CEE, el "Parlamento pone en peligro el principio de la libertad religiosa. En efecto, la justa distinción entre Estado y sociedad y, más en concreto, entre Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral, exige que las instituciones del Estado se abstengan de intervenir en el libre desarrollo de las instituciones religiosas, y en nuestro caso, de la Iglesia Católica, mientras no esté probado que atenten contra el orden público".
"Tratar de interferir por medio de reprobaciones políticas parlamentarias en la guía moral que el Papa ejerce en la Iglesia mediante su Magisterio ordinario, contradice seriamente el principio de no intervención y lesiona el derecho de libertad religiosa", añade el texto.