MADRID,
En una entrevista concedida al diario ABC, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Juan Antonio Martínez Camino descartó que debate sobre la liberalización del aborto en España sea un tema cerrado y recordó que el Gobierno no puede ser "juez y parte" en este asunto.
Al ser cuestionado por la actitud del Gobierno que insiste en que el debate sobre la despenalización del aborto está "aceptado y superado" por la sociedad española, el Obispo explicó que "no se puede ser juez y parte en un juicio. Entonces, quién puede decir si un debate social está cerrado o no es la sociedad y por lo que estamos viendo la sociedad no piensa que el debate sobre la protección adecuada para los seres humanos que van a nacer esté cerrado. Contra los hechos no hay argumentaciones que valgan".
Mons. Camino valoró positivamente la acogida a la campaña "Protege mi vida" lanzada por los obispos a favor de los no nacidos y aseguró que "está consiguiendo en buena parte algo de lo que deseábamos y es que el protagonista del debate sobre el aborto tenga voz. No se puede silenciar, no escuchar la voz sin palabras de los que van a nacer y sobre cuya vida se decide".
Asimismo, desmintió al portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, quien acusó a la Iglesia de buscar la cárcel para las mujeres que aborten. "Con esta campaña, la Iglesia no busca la cárcel de nadie. Lo que busca es la justicia, el reconocimiento del derecho fundamental de todos a vivir. Ese derecho debe estar protegido por la ley. ¿Cómo está protegido técnicamente? y en caso de ser violado ¿Cuáles son las penas que deben estar establecidas? Son cuestiones técnicas en las que la Iglesia no entra directamente y mucho menos en el destino concreto de los implicados en cada caso. Son los jueces los que tienen que ver en cada caso qué tipo de penas corresponde a quien haya quebrantado un derecho fundamental como éste", precisó.
El Obispo también aclaró que "el Episcopado no pretende ser un interlocutor del Gobierno para todos los asuntos posibles que afectan a la vida social. En este campo, las partes implicadas son las asociaciones de madres, de padres de familias, las organizaciones pro vida, y los especialistas en los ámbitos de la sanidad. Ellos son los que llevan este asunto y ahí es donde se debe dar el debate y donde el Gobierno debería recoger cuáles son las diversas opiniones que hay. Nosotros hemos querido contribuir a la clarificación de la conciencia de los católicos y de todos los que buscan la verdad sobre este asunto y no pretendemos suplantar a ningún otro actor social".
Mons. Martínez Camino precisó que "la Iglesia desea promover un ambiente amigo de la madre y de la maternidad. Esa es la manera de enfocarlo, no plantear el asunto como un conflicto de intereses. Puede haber dificultades pero tienen solución y la solución no puede ser una acción que siempre compromete moral, física y humanamente a la madre y que la convierte también en víctima. Lo justo es proteger la vida de los que van a nacer y ayudar a las madres".