MADRID,
Profesionales por la Ética (PPE), rechazó el intento de la Comunidad de Madrid por hacer que todos los alumnos de 2º y 4º de ESO cursen Educación para la Ciudadanía "de acuerdo al proyecto educativo" de cada centro, pues la mayoría, que estudia en colegios públicos, quedará a merced de una materia que impone "criterios morales que no son compartidos por todos".
PPE denunció que la Consejería de Educación de Madrid está enviando una carta a los directores de los centros para que los alumnos de 2º y 4º de ESO cursen las asignaturas de EpC y los Derechos humanos "sin adoctrinamiento de ningún tipo, conforme a las sentencias del Tribunal Supremo y al Decreto 23/2007 de 10 de mayo de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con el proyecto educativo de su centro".
Sin embargo, advirtió que se está propiciando "una real segregación de alumnos en función del centro educativo al que acudan y, en buena medida, de su nivel de renta".
Esta segregación, indicó, está prevista "porque autoriza que los alumnos de centros con proyecto educativo propio puedan recibir una Educación para la Ciudadanía adaptada, mientras que los alumnos de centros públicos, que además son mayoría, quedan a expensas de unas asignaturas y unos libros de texto que imponen criterios morales que no son compartidos por todos".
PPE calificó de "injustificable precipitación" la carta enviada por la Comunidad de Madrid, que dice que el Tribunal Supremo (TS) "ha fijado doctrina sobre la asignatura y sus efectos", ha negado "la objeción de conciencia en materia educativa y recuerda que todos los alumnos deben cursar la asignatura".
"Desde el punto de vista jurídico, ninguna de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo afecta a Madrid y, además, van a ser recurridas ante el Tribunal Constitucional", señaló PPE, que afirmó que la Comunidad de Madrid "ha cedido, por motivos políticos, a las presiones de los sindicatos" que actúan "como correa de transmisión del Gobierno socialista".