Una ambigua decisión del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo español sobre el derecho de los padres a ejercer la objeción de conciencia ante la controvertida materia de Educación para la Ciudadanía (EpC) ha amplificado en vez de cerrar la controversia que ha enfrentado a padres de familia con el gobierno socialista.
El Supremo dio a conocer el miércoles sólo una nota de prensa dando a conocer su conclusión en relación a cuatro recursos presentados en instancias jurídicas inferiores en Asturias y Sevilla. Según el comunicado, "en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y así mismo ha establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Según la organización Profesionales por la Ética, que ha venido apoyando a los padres objetores a la EpC en España, falta aún conocer el contenido de la sentencia, que aún no se ha hecho público. Sin embargo, es posible adelantar algunas conclusiones sobre el debate.
"La sentencia dictada por el Tribunal Supremo afecta a los casos concretos que han sido parte en el procedimiento; no tiene efecto en otros casos de objetores protegidos por otros pronunciamientos judiciales", señala Profesionales por la Ética; y por tanto "resulta imposible hacer una valoración de la sentencia puesto que aún no se ha dado a conocer".
La organización señala que algunos medios de comunicación han indicado que la resolución judicial "no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales".
"En las últimas horas –agrega–, padres objetores de toda España nos han confirmado su decisión de seguir luchando para que su derecho a la objeción de conciencia" sea respetado "como último recurso frente al adoctrinamiento impuesto por Educación para la Ciudadanía". "Profesionales por la Ética reitera su disposición a seguir apoyando a los objetores que quieran presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir, si fuera preciso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", añade.