MADRID,
Este martes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca dictó la primera sentencia de Aragón favorable a los padres que han objetado al conjunto de asignaturas denominadas "Educación para la Ciudadanía" (EpC) en España.
La sentencia, una importante victoria de los padres de familia contra la materia de adoctrinamiento ideológico impuesta por el gobierno socialista, resuelve el recurso presentado por unos padres frente a la Resolución de la Vice consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón que les negaba el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía.
Aunque los seis hijos del matrimonio no cursan todavía Educación para la Ciudadanía, la sentencia afirma que esta circunstancia "no es motivo para desestimar el recurso ya que los hijos de los recurrentes se verán obligados a cursarlas y precisamente es esa obligación la que genera una lesión de las convicciones morales de los progenitores".
La sentencia judicial pasa revista a los contenidos curriculares del conjunto de materia denominadas Educación para la Ciudadanía, reflejada en los reales decretos estatales y en la legislación autonómica aragonesa; y concluye que "estamos en presencia de contenidos y objetivos que se refieren a la formación moral y son ajenos a la decisión de los padres respecto a las convicciones morales y religiosas en las que desean formar a sus hijos".
El fallo judicial recoge además la jurisprudencia española en materia de objeción de conciencia, así como las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que reconocen expresamente el derecho de los padres a objetar a asignaturas obligatorias que dañen sus convicciones religiosas y filosóficas.
Según Fermín Civiac, portavoz de la Plataforma de "EPC?... ¡Aragón Va a Ser Que No!", "esta sentencia es una gran noticia para los objetores de toda España. Hasta ahora se habían acumulado una docena de Autos judiciales de medidas cautelares favorables a los objetores pero ésta es la primera sentencia que reconoce sus derechos frente a la intromisión del Estado y el gobierno autonómico en la formación de la moral de los alumnos".