ASUNCIÓN,
En un comunicado oficial publicado este miércoles, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) solicitó al gobierno del ex obispo Fernando Lugo que se inaugurará el 15 de agosto que defienda el derecho a la vida y a la familia, fundamentada "en el matrimonio entre un varón y una mujer".
El comunicado de la CEP señala que aunque el estado paraguayo tiene carácter no confesional, "debe respetar la libertad religiosa, de culto y de conciencia; asimismo, debe tener en cuenta los valores propios de la naturaleza de la persona humana y de la sociedad, muy especialmente en lo que hace referencia a la vida, a su promoción y defensa desde su concepción hasta su muerte natural; al núcleo familiar que se fundamenta en el matrimonio entre un varón y una mujer; al cuidado y educación de los hijos, e igualmente, a la promoción integral de los pobres, de los campesinos, de los indígenas, así como de los ancianos, enfermos y abandonados".
En el texto, los prelados reconocen que en las elecciones del 20 de abril "se expresó el anhelo de cambio en la población que optó por una nueva etapa de la vida nacional. Nadie duda de la importancia que tiene llevar esas expectativas a la práctica, eliminando de la actividad política errores y prácticas negativas y la urgente adopción de medidas para buscar el bien común sobre los intereses personales, familiares, grupales y partidarios. En este contexto, auguramos al nuevo Gobierno y al pueblo el logro de los objetivos de un auténtico cambio".
Este acontecimiento dice el comunicado tiene un "agente operativo principal" en "el señor Fernando Lugo, quien fuera miembro de esta Conferencia Episcopal, alejado de ella por propia voluntad y dispensado del estado clerical por el Papa Benedicto XVI, se constituye en Presidente de la República del Paraguay".
"No parece necesario destacar que la Iglesia Católica no se identifica con el nuevo Gobierno. Pero no está demás repetir que no podemos descuidar la labor pastoral para incursionar en el campo político", agrega la CEP; a la vez que reitera "su disposición de apoyar toda política de bien común, que promueva la dignidad y los derechos de las personas y que busque un desarrollo integral del pueblo y de sus comunidades".
"La Iglesia –agrega el documento– mantendrá como hasta ahora una actitud crítica constructiva con respecto a la gestión del Gobierno y seguirá procurando que se escuche su voz profética de anuncio y de denuncia".