CARACAS,
Varios obispos venezolanos salieron al frente de la polémica ley de reforma del servicio de inteligencia nacional porque atenta contra el Estado de Derecho y obligaría a todos los venezolanos a actuar como delatores. El Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, advirtió que su formulación arriesgaría incluso el secreto de confesión.
En el articulado de la ley se advierte que los ciudadanos que se nieguen a colaborar en las operaciones de inteligencia podrán ser enjuiciados por la Fiscalía.
Aunque el Gobierno lo niega, grupos de Derechos Humanos, magistrados y periodistas consideran que la nueva ley crearía una sociedad de espías y contiene cláusulas vagas que están abiertas a todo tipo de abusos por parte de las autoridades.
Uno de los artículos más polémicos dice que "se podrá requerir a las personas, en el marco del respeto a sus derechos fundamentales su colaboración para preparar o ejecutar procedimientos operativos y de investigación".
Según el Purpurado, la ley podría ir en contra de derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución de Venezuela. "Habrá que estudiarla. De parte nuestra (Episcopado) la vamos a estudiar con mucho detenimiento, porque es preciso que se respete la constitucionalidad especialmente en campos que tienen que ver con los derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos".
"Esta ley parece ser regresiva y restrictiva de los Derechos Humanos de los venezolanos", indicó y llamó la atención sobre su "gran cantidad de artículos redactados de manera muy genérica".