RIO DE JANEIRO,
El juez Aluízio Pereira dos Santos, responsable del proceso contra la médica Neide Motta, acusada de mantener por 20 años una clínica de abortos clandestinos en Campo Grande, no cedió ante las presiones de algunos diputados federales que buscaban detener las investigaciones.
La Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados, solicitó al Poder Juidical que no se investigue a las miles de mujeres que presuntamente se sometieron a abortos ilegales en la clínica porque se estaría discriminando a las mujeres que han abortado al margen de la ley.
Pereira dos Santos se reunió con Pompeo de Mattos, presidente de la Comisión, para explicarle que la ley exige la apertura de estos procesos y con su pedido, los diputados está demandando cambiar las reglas. En la clínica se encontraron casi diez mil fichas de pacientes.
El magistrado recordó que el Código Penal define el aborto no autorizado como un crimen y lo sanciona con penas de hasta tres años de reclusión.
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