MADRID,
Diversas organizaciones civiles dedicadas a promover la defensa de la vida y la familia aplaudieron la actuación de las autoridades de Barcelona que detuvieron al dueño de una clínica en la que se practicaban abortos hasta el octavo mes de gestación y pidieron revisar la ley del aborto en España para garantizar que no se cometan excesos.
El Foro Español de la Familia (FEF) saludó la detención de Carlos Morín Gamarra, dueño de la clínica abortista Ginemedex, y exigió el cumplimiento de la legislación vigente. El Presidente del FEF, Benigno Blanco, recordó que "en torno al aborto se ha ido produciendo en España una situación de hecho escandalosa, pues existen pruebas más que suficientes de que en muchas clínicas ni se respetan los supuestos despenalizados, ni los plazos que marca la ley. Se ha llegado a una situación de impunidad al margen de la ley que no es de recibo en un Estado de Derecho".
Blanco añadió que "las recientes informaciones sobre el tratamiento que en las clínicas de Barcelona se viene dando a los restos humanos son un nuevo escándalo que se añade a todos los anteriores como el de la Clínica Isadora de Madrid. Las autoridades sanitarias barcelonesas, que tienen la competencia de inspección y sanción de esos centros, deben acabar con esta situación de impunidad y adoptar las medidas precisas para que las clínicas acreditadas para la práctica del aborto no sean islas ajenas al derecho vigente".
Por su parte, las plataformas ciudadanas Hazte Oír y Hay Alternativas pidieron la derogación de la ley del aborto o una reforma que garantice su cumplimiento. Ambas entidades advirtieron que el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la mujer contemplado en la ley del aborto, "se ha demostrado como un coladero que fomenta negocios espurios de personas sin escrúpulos que negocian con la vida humana y la salud de la mujer sin el menor reparo, ante la dejadez de una administración que no guarda el debido celo en su inspección sanitaria ni vela por el efectivo cumplimiento de las leyes".
Las plataformas solicitan la derogación de la ley del aborto o, cuanto menos, del actual supuesto de "riesgo psíquico" para la salud de la madre; una reforma legal que establezca garantías en el cumplimiento de la Ley de despenalización del aborto, que observe de manera estricta los tres supuestos permitidos para el aborto; mayor celo por parte de las administraciones en la labor de Inspección sanitaria, que persiga efectivamente el delito frente a favorecer su impunidad; y en todo caso, el cierre preventivo de las clínicas abortistas que hayan practicado abortos a criaturas de más de 12 semanas.