TOLEDO,
El Arzobispo de Toledo, Cardenal Antonio Cañizares, consideró que podrían haber “muchos más objetores” contra la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) si el Gobierno no los “intimidase o coaccionase” con sanciones administrativas.
“No se puede obstruir, con intimidaciones del tipo que sean, el derecho de los padres a la objeción de conciencia”, ya que, según recordó, su derecho a elegir la educación moral que quieren para sus hijos “está por encima de las disposiciones legales que no respetan los derechos fundamentales”, indicó el Arzobispo al ofrecer la conferencia “Educación para la Ciudadanía: ¿un reto o un fracaso?” en la inauguración del curso 2007-2008 de la Fundación Universitaria Española.
El Purpurado, que es también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, denunció que el Gobierno pretende con esta asignatura “imponer a todos los ciudadanos un proyecto de hombre y de sociedad laicista, teñido de relativismo moral e ideología de género”.
Asimismo, aseveró que la EpC a diferencia de la Ley Orgánica de Educación (LOE) “no se trata de una ley aprobada en el Parlamento” sino de unos Reales Decretos que por su “iniquidad no reclaman su aceptación”.
“El Gobierno ha traspasado con esta materia los derechos humanos universales garantizados en la Constitución”, aseveró y precisó que el Estado se arroga “competencias del ámbito familiar” al tratar cuestiones como “los sentimientos, la identidad o el sentido de la vida”.
El Arzobispo advirtió que “la dictadura de las conciencias es el peor de los totalitarismos” y recordó al Gobierno que “nunca es tarde para rectificar”.