MADRID,
El Presidente de la asociación Profesionales por la Ética (PPE), Miguel Gómez de Agüero, lamentó que la Junta de Andalucía obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales de los padres de familia al cambiar los requisitos para presentar una objeción de conciencia ante la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).
Entre las medidas adoptadas por el gobierno andaluz, ante la multitud de objeciones de conciencia, está el exigir a los padres objetores que presenten una “copia debidamente compulsada del DNI y del Libro de Familia completo”, cuando los procedimientos administrativos ordinarios “como mucho se requiere aportar una fotocopia del DNI”.
Gómez de Agüero asegura que la conducta del gobierno autonómico va dirigida a “crear un ambiente disuasorio” para el ejercicio del derecho constitucional de los padres a controlar la formación de sus hijos y el de objeción de conciencia.
Luego afirma que la Consejería de Educación de Andalucía desconoce la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para el que la centralidad de los derechos fundamentales suponen que los poderes públicos no pueden realizar acciones que impliquen vulneración de los derechos, pero sobre todo que les veda poner trabas que dificulten o creen “efecto de desaliento” en el ejercicio de los derechos.
El hecho que el gobierno andaluz obstaculice el ejercicio de sus derechos constitucionales de los padres de familia “revela un dato positivo”, asegura Gómez de Agüero, y es que, luego de intentar por varios meses de negar la existencia del derecho a la objeción de conciencia a la EpC el escrito remitido a los padres “cita prácticamente todas las leyes del Tribunal Constitucional en materia de objeción de conciencia”.
la rebelión cívica es imparable