MADRID,
El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, reiteró hoy su advertencia sobre la incompatibilidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con los artículos 16 y 27 de la Constitución sobre libertad religiosa, ideológica y de culto y libertad de enseñanza, en concreto, sobre el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral y apeló a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que apoye su juicio.
“Pienso que no es compatible con el Derecho Constitucional español, con el artículo 16 de la Constitución y con el artículo 27, en su párrafo tercero”, afirmó el Purpurado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, donde impartió la conferencia “Comunidad religiosa y comunidad política”.
Dicho esto, apeló a un posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional que apoye su juicio sobre la inconstitucionalidad de EpC: “Es verdad que para que esta opinión, que muchos compartimos, incluso compañeros y amigos catedráticos de Derecho Constitucional, se tradujese en una regla normativa vigente y vinculante pues tendría que actuar el Tribunal Constitucional”.
De esta forma, el Cardenal Arzobispo de Madrid arremetió contra la asignatura al considerar que “invade totalmente” el principio de libertad religiosa y el derecho de los padres a "determinar" la educación moral de sus hijos al tiempo que reivindicó la "responsabilidad y competencia" de la Iglesia Católica en "los temas que tienen que ver con la fe, la moral y la ética derivada de la fe".
Afirmó además que la institución católica "no rechaza una asignatura obligatoria bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía" sino que reprochó al Gobierno "la forma concreta" en la que éste la ha planteado. El Purpurado criticó que el Ejecutivo no haya reflejado en la asignatura las creencias religiosas de la sociedad española ni respetado el derecho de los padres a la formación religiosa de los hijos.
En su intervención, planteó el diálogo como fórmula para establecer la relación Iglesia-Estado aunque con la condición de la "garantía y promoción positiva del derecho a la libertad religiosa", respetando el servicio ético-social o cultural de la Iglesia al Estado. "Si no se parte de ese derecho –prosiguió– no es posible buscar una buena forma de resolución de las relaciones Iglesia-Estado".