MÉXICO D.F.,
El Arzobispado de México señaló que la iniciativa legal para modificar las leyes que rigen a las asociaciones religiosas proviene del Colegio de Abogados Católicos, una asociación de la sociedad civil, y no del Cardenal Norberto Rivera o de la jerarquía, "aunque ha recibido el beneplácito" de los obispos y de varias asociaciones religiosas.
A través de un comunicado, aseguró que el Purpurado no tiene considerado presentar ante el Congreso o el Senado "ninguna iniciativa de reforma de ley para modificar el actual marco jurídico que rige a las Asociaciones Religiosas y que tenga que ver con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la posesión de medios de comunicación y mucho menos el financiamiento a las Iglesias vía impuestos como se hace en algunos países desarrollados".
El comunicado, emitido "a propósito de la confusión" generada por algunas opiniones del Purpurado a un diario local, aclaró que lo que el Cardenal manifestó fue la necesidad de "ampliar el concepto de libertad religiosa si queremos que México vaya creciendo en su itinerario democrático", con una legislación que se adecue a la Carta Magna, que garantiza derechos humanos como los de expresión y reunión.
"Las reformas al marco jurídico actual tienen un fin absolutamente legal y humanitario" para que la Constitución no se contradiga al garantizar derechos a unos y negárselos a otros, señaló; y explicó que "se trata de respetar los derechos y libertades de los ministros de culto que hasta la fecha siguen siendo considerados ciudadanos de segunda" y que "los hace víctimas de una incomprensible discriminación religiosa".
Aclaró que la Iglesia no pide privilegios sino el trato igualitario a los ministros de culto para que "gocen del ejercicio de sus garantías individuales y no sean amenazados o perseguidos por profesar su fe o iluminar la realidad social desde los valores de la Palabra de Dios".
Asimismo, señaló que al opinar sobre el derecho de los ministros de culto de ser votados, el Arzobispo expresó que ello es algo que no se le puede negar a ningún ciudadano pero, "dejó perfectamente en claro que la Iglesia Católica no tiene interés alguno en llevar a la práctica este derecho por no convenir ni a la Iglesia ni a la sociedad, y por otra parte, la ley canónica prohíbe estrictamente a todos los sacerdotes postularse para puestos de elección".