VATICANO,
El Secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Arzobispo Agostino Marchetto, subrayó durante el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que se celebra en Bruselas (Bélgica), que los emigrantes “independientemente de su situación jurídica tienen una dignidad humana inalienable” y que “una situación irregular no significa forzosamente criminalidad”.
El Arzobispo señaló, en el Foro que se realiza del 9 al 11 de julio, que los emigrantes "contribuyen al bienestar del país que los acoge, y por tanto, su dignidad humana debe ser respetada y sus libertades garantizadas: el derecho a una vida digna, a un trato correcto en su trabajo, al acceso a la educación, a la salud y a los demás servicios sociales, a desarrollar sus propias capacidades, a crecer desde un punto de vista humano, a manifestar libremente la propia cultura y a practicar su religión'.
Según el representante de la Santa Sede, "los derechos y deberes van juntos” y por eso mismo los emigrantes también “tienen el deber de respetar la identidad y las leyes del país donde residen, de luchar por una justa integración (no asimilación) en la sociedad que les acoge y de aprender su lengua. Deben favorecer la estima y el respeto por el país que los alberga, hasta llegar a amarlo y defenderlo'.
El jefe de la delegación vaticana en Bruselas se refirió también a los emigrantes que se hallan en situación irregular, los cuales, "independientemente de su situación jurídica tienen una dignidad humana inalienable. Por eso, sus derechos deben ser salvaguardados y no ignorados o violados. De hecho, para los emigrantes, una situación irregular no significa forzosamente criminalidad. La solución es una mejor cooperación internacional que desincentive la irregularidad y un aumento de canales legales para la migración'.
Finalmente Mons. Marchetto renovó el llamado del Papa Benedicto XVI, en el mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado de este año, a los gobiernos que todavía no han ratificado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores emigrantes y de sus familiares.
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