MADRID,
El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco, calificó la imposición obligatoria de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) de inconstitucional al vulnerar el artículo 27 de la Carta Magna española que reconoce el derecho de los padres a decidir la educación moral y religiosa para sus hijos y señaló que “no puede negarse” a los que lo deseen “el recurso legítimo a la objeción de conciencia”.
Así lo señaló el Purpurado al ofrecer el martes pasado unas “Reflexiones para la valoración jurídica y ética de una nueva asignatura en el sistema escolar español” sobre EpC ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid.
En su discurso, calificado por algunos medios locales de “brillante”, el Cardenal analizó la controvertida asignatura, advirtiendo que es “concebida en su orientación, estructura y desarrollo académico y pedagógico como una teoría general sobre el hombre y los principios éticos que han de modelar su existencia y regir su conducta individual y social” que, aunque no es de manera exhaustiva, “sí, de forma condicionante substancial de la educación integral de los alumnos”.
Según el Cardenal Arzobispo, se trata de una “teoría que se presenta en el fondo, inequívocamente, como una doctrina en la que se excluye sistemáticamente toda referencia a la dimensión trascendente del hombre y de la sociedad y a la correspondiente perspectiva explícita filosófico-teológica para su completa comprensión y explicación” y añadió que “no puede llamar la atención, que al tratarse de una materia obligatoria, surja inmediata y explicablemente la sospecha de su posible manipulación teórica y práctica como ‘ideología’”.
Inconstitucional
Al realizar una valoración jurídica de la asignatura, el Cardenal Rouco aseguró que “no parece pues que quepa duda razonable: la imposición legal de una asignatura obligatoria de formación antropológica y moral con carácter general para todos los alumnos, significaría el no cumplimiento del Art. 27 de la Constitución Española en combinación con su Art. 16. Chocaría con el derecho a la libertad de enseñanza de los padres y, subsidiariamente, de los titulares de los centros docentes en puntos concretos regulados claramente por el texto constitucional y explicitados nítidamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.