MADRID,
"Un Estado laico es verdaderamente democrático si valora la libertad religiosa como un elemento fundamental del bien común, plenamente digno de respeto y de protección", afirma el Arzobispo de Valencia, Mons. Agustín García-Gasco, en su más reciente carta titulada "El aprecio por la libertad religiosa".
En su misiva, el Prelado señala que el bienestar de los ciudadanos "exige que puedan profesar y practicar la religión que en conciencia les parezca más conveniente, o bien dejar de practicarla" y recuerda que el Estado “no ha de intervenir ni a favor ni en contra de las posibles opciones, salvo que bajo la apariencia de religión se esté actuando en contra de las leyes justas y de las exigencias de orden público".
Para el Arzobispo valenciano, la aconfesionalidad del Estado “implica aprecio por la libertad religiosa, protección y favorecimiento de su ejercicio como parte primordial del bien común y de los derechos civiles de los ciudadanos". Este aprecio por la libertad religiosa "implica extender esta valoración positiva a las instituciones religiosas presentes en la sociedad, al derecho de los padres a que sus hijos se eduquen de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, a la legítima aspiración de los creyentes por disfrutar de unos medios de comunicación respetuosos con los contenidos de su fe".
En cambio, si…
En cambio, prosigue el Prelado, si se gobierna "desde el prejuicio antirreligioso" y se actúa "políticamente desde la fobia hacia las expresiones religiosas del catolicismo y de otras religiones", entonces ya "no se practica la aconfesionalidad sino su contrario: el adoctrinamiento más o menos sutil en el ateísmo y en el laicismo".
Según Mons. García-Gasco, una muestra del "aprecio por la libertad religiosa" se da cuando la laicidad del Estado "permite totalmente apoyar con dinero público el ejercicio de la libertad religiosa y subvencionar a las instituciones religiosas de forma proporcionada a su implantación en la sociedad y a su correspondiente significación en la historia y cultura del pueblo", y añade que "es justo que el dinero de los contribuyentes se administre con respeto a sus convicciones y nunca en contra de ellas".