BUENOS AIRES,
Al finalizar su 93º Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) publicó una exhortación pastoral sobre “El compromiso ciudadano y las próximas elecciones”, en la que piden a los “simples ciudadanos” y a las autoridades realizar “un examen serio” del comportamiento social, y resaltan que “el acto eleccionario exige una gran transparencia, que lo aleje de prácticas demagógicas y presiones indebidas”.
El texto de los obispos, reunidos desde el lunes pasado hasta hoy en la casa El Cenáculo-La Montonera, en el partido bonaerense de Pilar, destaca la “necesidad urgente que todos los argentinos, y especialmente los cristianos, descubramos mejor nuestra vocación por el bien común, y así nos convirtamos ‘de habitantes en ciudadanos’, corresponsables de la vida social y política”.
“Este año, marcado de manera particular por las elecciones, es una ocasión propicia para que hagamos un examen serio de nuestro comportamiento social, y analicemos cómo es el cumplimiento de nuestros deberes y la exigencia de nuestros derechos, sea como simples ciudadanos, sea como autoridades llamadas a ejercer la función para la que son elegidas”, señala la misiva episcopal.
Los obispos indican asimismo que “el acto eleccionario requiere el conocimiento de las propuestas y el pleno ejercicio de la libertad del ciudadano. Esto compromete al que se postula, quien debe definir claramente su programa de acción política, y al que debe votar, a informarse debidamente de la probidad de los candidatos y de la dimensión ética de sus propuestas”.
La trascendencia de las próximas elecciones, resaltan, “exige una gran transparencia, que lo aleje de prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva” y precisan que, por otra parte, “es obligación del ciudadano controlar la gestión del gobernante”.
Finalmente, la CEA enumera “algunos desafíos a tener presentes”, como la defensa de la vida; la familia, fundada en el matrimonio entre varón y mujer, célula básica de la sociedad y primera responsable de la educación de los hijos; el bien común, que está por sobre los bienes particulares y sectorales, y que se afianza cuando la autoridad sanciona leyes justas que el ciudadano está obligado a cumplirlas, “salvo que se opongan a la ley natural”; y la inclusión de todos los ciudadanos, porque la pobreza y la inequidad “siguen siendo problemas fundamentales”.