Funcionarios se oponen a recuperación de identidad de Universidad Católica en el Perú

José de la Riva Agüero y Osma, uno de los más importantes intelectuales de la historia peruana, dejó un significativo patrimonio en herencia a la PUCP, estableciendo una Junta Administradora conformada por personas cercanas a su entorno.

El intelectual peruano estableció, sin embargo, que "cuando hubieren muerto o estuvieren impedidos todos los mencionados, entrarán el Rector de la Universidad Católica y el designado por el Arzobispo de Lima".

Desde 1944, fecha de la muerte de Riva Agüero, los bienes dejados en propiedad de la Universidad Católica pasaron a ser administrados por la Junta Administradora, que sesionaba una vez al año, como también señalaba el testamento.

Sin embargo, en 1994, la Junta de Administración, entonces integrada por Salomón Lerner Febres, Rector de la universidad, y Carlos Valderrama Adrianzén, "interpretaron a su manera el testamento", según señaló recientemente un comunicado de la Arquidiócesis de Lima, delegando a la universidad la administración de los bienes y supervisión de los bienes dejando para el vocero de la Iglesia Católica las mandas testamentarias.

Según el Dr. Henry Bullard, Asesor legal del Arzobispado de Lima, "ambos personajes olvidaron que la Junta Administradora de los bienes heredados a la universidad es, tal y como lo establece el testamento de Riva Agüero, perpetua e insustituible, por lo que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho porque viola directa y abiertamente la voluntad del testador".

Otros abogados se han sumado a esta posición señalando que modificar la disposición del testador va contra todo principio jurídico.

Bullard explicó que "cuando los dos miembros en la Junta de Administración no se ponen de acuerdo, quien tiene el voto dirimente es el Arzobispo de Lima, que es a la vez Gran Canciller de la universidad; algo que está estipulado en el Reglamento de la Junta de Administración vigente, aprobado en el año 1957 y que no ha sido modificado".

"Fueron los propios miembros de la junta quienes por unanimidad acordaron este reglamento. Cuestión lógica si se toma en cuenta que el que ejercería el voto dirimente era cabeza de las dos instituciones: la universidad y el Arzobispado", señala Bullard.

Como producto de su insistencia para la realización de una nueva reunión de la Junta Administradora, el representante nombrado por el Arzobispo de Lima, Walter Muñoz Cho, ha sido querellado por las autoridades de la PUCP, quienes lo han acusado ante el Poder Judicial de "querer intervenir en los asuntos que son de competencia absoluta de la universidad".

"Por más de medio siglo la Junta de Administración ha ejercido su obligación de velar por la buena administración de la herencia de don José de la Riva Agüero y Osma, sin que esto haya significado un atropello a los derechos de autonomía de la universidad para gobernar y administrar sus bienes", explica Muñoz Cho.

Bullard, por su parte, explica que "durante doce años (1994 - 2006) se han administrado los bienes de la Pontificia Universidad Católica sin rendir cuenta a nadie. Ese fue uno de los motivos por los que el actual representante del Arzobispado en la Junta de Administración pidió la realización de una reunión, pero obtuvo de respuesta una querella".

"Nadie sabe qué ha pasado con ese dinero y con los bienes, y el mandato de Riva Agüero era que exista una Junta que, además de administrar, fiscalice de manera directa el comportamiento que se tome sobre lo que él dejó en herencia", agrega Bullar.

"Se trata de cumplir con un mandato testamentario. El Arzobispado no tiene intención de discutir la propiedad sino la administración de la universidad", afirma.

Respuesta intolerante

Sin embargo, los funcionarios de la PUCP que han intervenido en público han señalado que su decisión de resistir el legítimo pedido de cuentas del Arzobispado responde al deseo de impedir que la Universidad Católica pierda su "pluralismo" y complete el proceso nunca culminado de adecuar sus estatutos a lo que dispone la Santa Sede para las universidades pontificias.

Según ha explicado el Arzobispado de Lima, la Ex Corde Ecclesiae está orientada a salvaguardar los principios católicos y de la verdad contra el relativismo y otras ideologías, respetando la libertad académica en el marco de un recto diálogo entre fe y cultura, y entre fe y ciencia; realizado siempre desde la identidad católica.

El diario Correo, por su parte, reveló que en 1999, el Arzobispado de Lima, a través de sus representantes, junto a delegados de la Universidad Católica, formaron una comisión para adecuar los estatutos de la PUCP a las disposiciones de la Santa Sede.

Según el diario peruano, "luego de varias reuniones, el grupo logró elaborar un documento de consenso para adecuar los estatutos de la universidad al pedido papal, sin embargo… instancias superiores del centro de estudios que debieron firmar los documentos no lo hicieron", con lo que las normas de la Santa Sede han quedado sin aplicación.

En una entrevista al diario Correo, el abogado de la universidad y antiguo funcionario de la misma, Jorge Avendaño señaló que la PUCP estaba regida por el derecho peruano, y que el Arzobispado de Lima "le concedió el estatus de católica, como el Estado peruano le otorgó el grado de nacional sin que ello signifique que es una universidad pública. A lo largo de 90 años ha habido épocas de mayor aproximación a la Iglesia, no lo niego, pero para vincularse se requieren dos partes".

Varios diarios peruanos han señalado en diversos editoriales que la reacción de los funcionarios de la PUCP al pedido del Arzobispado tiene más que ver con una respuesta intolerante a la perspectiva y derechos de la Iglesia que con una disputa patrimonial.

En efecto, mediante un comunicado, el Arzobispado de Lima ha señalado que el pedido legal de la Arquidiócesis es "un llamado a la responsabilidad y veracidad, que es la mejor forma de convivir y resolver los problemas"; frente al cual los funcionarios de la PUCP optaron por publicar un mensaje que "confunde a la opinión pública y a la misma comunidad universitaria".

El comunicado arzobispal augura que los funcionarios "no continúen por este camino mediático de confundir y agraviar a quienes no opinan como ellos".