MÉXICO D.F.,
Los obispos mexicanos, distintas organizaciones de padres de familia, grupos cristianos, y gran cantidad de ciudadanos expresaron su total repudio al proyecto anti-vida que el senador Pablo Gómez del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó en el Senado mexicano para despenalizar el aborto a nivel nacional de modo irrestricto, dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
Este proyecto anti-vida fue calificado como ley "injusta, irresponsable y criminal", en un comunicado firmado por el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, en el que también convoca a una serie de acciones "pacíficas de protesta" y jornadas de oración por los no nacidos.
"Queremos decirles a quienes piensan de manera antidemocrática e intolerante que la Iglesia no callará, pues si quiere ser fiel a su Señor, tiene el deber profético de denunciar el pecado, el mal y la injusticia", indica la nota de prensa.
Por su parte, la oficina de prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado titulado "Forma cruel de discriminación", en el que recordó que "el respeto a la vida humana no es algo que se impone a los cristianos solamente; basta la razón para exigirlo, basándose en el análisis de lo que es y debe ser una persona. Existen derechos que la sociedad no puede conceder porque son anteriores a ella, pero que tiene la misión de preservar y hacer valer: los derechos reconocidos por la mayoría de las naciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
"El primer derecho de una persona es su vida. Es el derecho fundamental, condición para todos los demás. Por esto debe ser protegido más que ningún otro. No corresponde ni a la sociedad ni a las autoridades civiles reconocer este derecho a unos y negárselo a otros", prosigue el texto y añade que "nuestros legisladores cargan sobre su conciencia la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de toda persona. Es preciso hacerles llegar nuestro sentir".
"En una sociedad democrática, es oportuno y necesario dialogar con todos los grupos de la sociedad antes de tomar decisiones fundamentales. Intentar silenciar las voces que disienten con la propia es signo de autoritarismo, intolerancia y exclusión", precisa la oficina de prensa de la CEM.