MADRID,
El Gobierno de Andalucía autorizó a la paciente de distrofia muscular, Inmaculada Echevarría, a suspender los aparatos de respiración artificial que la mantienen con vida, en un polémico caso que confunde el derecho a rechazar tratamientos médicos desproporcionados con la legalización de la eutanasia.
El Comité de Ética de la Junta de Andalucía y el Consejo Consultivo andaluz apoyaron la solicitud de Echevarría arguyendo que no se trata de un caso de eutanasia activa, sino de rechazo a un tratamiento. Sin embargo, Echevarría no es una enferma terminal y el respirador no es un tratamiento para prolongar su vida sino un apoyo para que no muera asfixiada. Bajo esta figura legal, los médicos que desconecten el respirador no cometerían una acción punible según la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Salud de Andalucía.
Por su parte, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, advirtió que la desconexión de Inmaculada Echevarría es un asunto "de obligada confidencialidad" sobre el que no habrá "más declaraciones" de su departamento.
Montero, quien inauguró hoy en Sevilla un encuentro de Unidades de Gestión Clínica del sistema sanitario público andaluz, subrayó, que la muerte de Echevarría es ya un asunto totalmente circunscrito "a la relación médico-paciente".
Recordó que éste es un caso con una componente "importante de intimidad" y pidió a todos los sectores implicados "respeto a la decisión de esta paciente".