MÉXICO D.F.,
La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) expresó su rechazo a que sean las autoridades civiles quienes decidan si se inhabilita o no a algún religioso acusado de abuso sexual infantil, porque, recordó, ello es potestad de las autoridades eclesiásticas; sin que ello signifique que los infractores no deban responder por sus actos ante la sociedad.
A través de un comunicado, la Oficina de Prensa se refirió a las reformas de los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado. El texto advirtió que en materia de explotación sexual infantil, la nueva legislación entra en conflicto con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que "prohíbe expresamente la intervención de las autoridades en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, como nombrar o inhabilitar a los ministros de culto".
El comunicado señaló que es importante defender a los niños mexicanos, principalmente a aquellos víctimas de atropellos, explotación y corrupción, como "las redes tenebrosas de la prostitución infantil, de la pornografía y de la execrable pederastia".
Asimismo, añadió que cuando los que cometen estos delitos son ministros de culto, ellos, "como toda persona, están obligados a responder por sus actos ante la sociedad y ante las autoridades", ya que su condición de religiosos "no les otorga fuero o privilegio alguno", y están "sujetos a la legislación civil o penal, local o federal, según corresponda".
Sin embargo, indicó, "su carácter religioso y el ejercicio de su ministerio es una cuestión que queda en manos de la institución religiosa a la que pertenece", y le corresponde a esta "resolver la inhabilitación, retiro o cese del ministerio que desempeña".
"En el caso de la Iglesia Católica, de acuerdo a las leyes eclesiásticas, al comprobarse que un religioso ha incurrido en algún delito, y concretamente en el caso de la pederastia, es suspendido de inmediato, iniciándose el proceso interno, hasta culminar con la suspensión definitiva de su ministerio", afirmó.