MÉXICO D.F.,
“Es tiempo ya de que la lapidación mediática contra Jorge Serrano Limón, líder de la organización Pro Vida, llegue a su fin”, señaló el columnista Esteban Zamora, al indicar que las investigaciones hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, demostraron que no hubo mal uso de fondos públicos y que la campaña montada contra el líder pro vida se basó en calumnias.
“La historia es conocida: La Secretaría de Salud y (el Comité Nacional) Pro Vida establecieron en el año de 2003 un convenio mediante el cual la Secretaría se comprometía a entregar 30 millones de pesos a Pro Vida y esta institución fundaría 10 centros de atención a la mujer”, recordó Zamora en su columna titulada “El fin del linchamiento”, publicada por Notimex.
El acuerdo fue renovado en 2004 gracias al éxito que tuvo. Sin embargo, ese año comenzó la polémica en el país por la inclusión de la píldora del día siguiente en las políticas de salud públicas, algo que fue denunciado por Pro Vida y que provocó que, “sin previo aviso”, se le dejaran de entregar “los recursos que le habían sido autorizados”.
Sin embargo, la represalia no terminó ahí, sino que “se desató una campaña orquestada entre las organizaciones aborteras y elementos de la izquierda radical para acusar a Pro Vida de desvío de recursos”, bajo el pretexto “ridículo” de la compra de tres ropas de baño femeninas a 35 pesos cada una, “adquiridas por una mujer humilde que recibía ayuda en uno de los centros para comprar ropa y alimentos”.
“Los 105 pesos que representan el costo de las tres prendas, que no fueron compradas a hurtadillas sino que la compra fue documentada, equivalen al 0,0000035 por ciento de los 30 millones recibidos”, señaló Zamora. Sin embargo, según Serrano Limón, no hay noticias de que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o Secretaría de la Función Pública hayan auditado los 570 millones de pesos que recibieron las organizaciones abortistas en 2003.
Como resultado del escándalo, se le multó a Pro Vida con 13 millones de pesos y Jorge Serrano fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, además de embargársele su casa y muebles.