MADRID,
Con ocasión el referéndum del próximo 18 de febrero sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía, los obispos de esa región alertaron sobre el intervencionismo de la Administración promovido en el texto y la redefinición de derechos y deberes sobre la protección de la vida humana y la familia basada en el matrimonio verdadero.
En una nota emitida al finalizar su 107º Asamblea Ordinaria, los prelados andaluces recordaron que "el consenso no es el último criterio para valorar moralmente un cambio legal" y presentaron diversas consideraciones para que los ciudadanos "puedan emitir su voto con responsabilidad moral sobre el texto que se propone".
Tras rechazar cualquier intervencionismo que pretende "controlar aspectos de la vida social que resultan del ejercicio de los derechos inalienables de la persona, de la familia y de las instituciones jurídicas que los amparan", los obispos expresan su inquietud por el intento del proyecto legislativo de redefinir algunos derechos y deberes "como los que se refieren a la protección íntegra de la vida humana y a la protección de la familia basada en el matrimonio verdadero".
"En el nuevo texto persiste una regulación de los poderes públicos claramente intervencionista, que atribuye a la Administración pública una capacidad para controlar demasiados aspectos de la vida social, con un protagonismo que pone en riesgo el desarrollo democrático de la sociedad", advierte la nota.
En particular, los prelados observan que "algunos artículos pueden dar protección jurídica a graves ataques a la vida humana"; que el "Estatuto hace concesiones a la ‘ideología de género’ vigente; y que "equipara los efectos jurídicos del matrimonio, y de la familia fundada en el matrimonio, a otro tipo de uniones", equiparación que "inevitablemente acaba por debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia".
Asimismo, los obispos advierten que el articulado sobre la educación pública, no garantiza suficientemente que no se dé cobertura a "políticas laicistas que no reconocen el valor social y la dimensión pública de la religión como derecho fundamental de la persona".