MADRID,
El Arzobispo de Mérida-Badajóz, Mons. Santiago García Aracil; y de Pamplona, Mons. Fernando Sebastián, afirmaron que así como el Estado destina fondos públicos a la promoción de derechos como el trabajo, la seguridad o la vivienda, también debe reservar un porción de los mismos a la promoción de la libertad religiosa.
"Es un deber del Estado cultivar la dimensión religiosa de los ciudadanos", señaló Mons. García Aracil, por lo que pidió al Gobierno apoyar económicamente a la Iglesia y a las demás instituciones religiosas en España, de acuerdo con el grado de desarrollo y alcance de las mismas.
El Arzobispo de Mérida-Badajoz dijo que el aporte económico del Gobierno sólo supone el 25 por ciento del presupuesto total de la arquidiócesis. Explicó que este debe ser entendido como "un deber desde la concepción democrática de la sociedad".
Por su parte, el Arzobispo de Pamplona, Mons. Fernando Sebastián, afirmó que los ciudadanos tienen el derecho "a recibir protección económica con fondos públicos para el ejercicio de la libertad religiosa".
"Si queremos vivir en una sociedad democrática en la que todos seamos iguales, la libertad religiosa tiene que ser igualmente tratada que el deporte, la salud, el ocio o la música", declaró a la prensa. Recordó que la Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa, "que consiste en profesar la fe que cada uno quiera o ninguna".
"Por qué si los otros son legítimamente respaldados por los fondos públicos, el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa, que es igual o más importante que los demás, no va a ser subvencionado por un Estado religiosamente neutral con fondos públicos", preguntó el Prelado. Advirtió que "la no confesionalidad, el laicismo del Estado no consiste en eliminar la religión, sino en no ser beligerante en materia religiosa".