VATICANO,
El Pontificio Consejo "Justicia y Paz" publicó este miércoles una nota titulada "La lucha contra la corrupción", que resume los puntos principales de la conferencia sobre ese tema organizada el pasado mes de junio por ese dicasterio y en la que participaron funcionarios internacionales, diplomáticos y expertos en este mal endémico, especialmente en los países del Tercer Mundo.
El documento destaca que la corrupción, que “atraviesa todos los sectores sociales y no puede atribuirse solo a los operadores económicos o a los funcionarios públicos", está favorecida, entre otras cosas, "por la disparidad de nivel en las formas de combatirla, a menudo limitada al interior del Estado”
Citando el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el texto recuerda que la corrupción "trastoca en su raíz el papel de las instituciones representativas" que se utilizan como "terreno de trueque político entre las peticiones de los interesados y las concesiones de los gobernantes. De ese modo, las decisiones políticas favorecen los objetivos limitados de cuantos poseen los medios para influenciarlas e impiden el bien común de todos los ciudadanos. La corrupción es una de las causas que contribuyen al subdesarrollo y a la pobreza, privando a los pueblos del bien común fundamental que es la legalidad".
Para superar la corrupción, dice la nota, "es positivo el paso de sociedades autoritarias a sociedades democráticas”.
También se señala que la Iglesia puede jugar un papel "cada vez más relevante en la prevención de la corrupción, contribuyendo eficazmente a la educación y formación moral de los ciudadanos, especialmente con los principios orientadores fundamentales de su doctrina social: dignidad de la persona humana, bien común, solidaridad, subsidiariedad, opción preferencial por los pobres, destino universal de los bienes.
“La lucha contra la corrupción es un valor, pero también una necesidad; la corrupción es un mal, pero también supone un coste; el rechazo de la corrupción es un bien, pero también una ventaja; el abandono de las prácticas corruptas puede generar desarrollo y bienestar; los comportamientos honestos deben ser incentivados y los deshonestos penalizados”, agrega el texto.