El próximo 7 de noviembre el voto de los ciudadanos de California decidirá si los padres de familia pueden o no dar su consentimiento para que sus hijas menores se sometan a una práctica abortiva y evitar historias como la de Diana López, una hispana que no pudo impedir que a su hija de 13 años de edad le practicaran un aborto por iniciativa de la madre de su novio.
El 30 de julio del 2004 Diana López recibió una llamada de la escuela informándole que su hija había sido llevada a un hospital porque estaba sangrando. Fue muy tarde. La niña había sido llevada a un centro de abortos de Planned Parenthood, donde le practicaron un aborto en el quinto mes de gestación, orquestado por la madre del novio y el personal de Planned Parenthood.
Diana ni siquiera sabía que su hija estaba embarazada y asegura que de haberlo sabido, la hubiera apoyado e insistido en que tuviera a su bebé en lugar de tener un aborto secreto.
El problema es que en California, una menor de 18 años paradójicamente no puede recibir una vacuna contra la gripe, una reparación dental o una aspirina proporcionada por la enfermera escolar sin que los padres sean notificados, pero cualquier médico puede someterla a un aborto químico o quirúrgico sin tener que informarles a sus padres.
Esta situación podría cambiar si se aprueba la llamada Propuesta 85, una reforma legal que exigirá a todo médico notificar por escrito a uno de los padres o tutores por lo menos 48 horas antes de practicarle un aborto a una menor.
Según los organizadores de la campaña Sí a la Propuesta 85, la medida no solo permitirá que los padres recuperen un derecho perdido sino que protege principalmente a las adolescentes que podrían haber sido víctimas de un abuso.