SANTIAGO,
La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Chilena (CECH) emitió una declaración en la que recuerda que "la educación de la dimensión religiosa y la formación de una recta conciencia moral, resulta una tarea ineludible de toda escuela, sean éstas confesionales o no", en el marco del debate de la reforma constitucional educativa en el país sureño.
En la misiva, firmada por el Presidente de la CECH, Mons. Alejandro Goic Karmelic, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago, luego de anotar que la educación en la familia necesita el apoyo de la sociedad, los prelados precisan que "en un mundo tan plural el concepto de persona y su dignidad ha de ser el punto de partida y de sustento ético de cualquier diálogo educativo".
Tras subrayar el deber del Estado de proteger el derecho de toda persona a una educación escolar, los obispos destacan "la grave obligación de educar a la prole" por lo que los padres deben ser reconocidos por la sociedad "como los primeros y principales educadores de la misma". "Con el Papa Benedicto XVI afirmamos que este principio nunca es transable. Y recordamos al respecto lo dicho por el Papa Juan Pablo II: ‘El derecho-deber educativo de los padres es esencial, original, primario, insustituible e inalienable’", añaden.
Luego de manifestar que ni siquiera al propio Estado se le puede otorgar a facultad de educar a los más pobres, los obispos consideran "indispensable que la libertad de enseñanza, en cuanto parte irrenunciable del sustento valórico del Estado de Chile, permanezca consignada en su concepto, alcance y resguardo en nuestra Carta Fundamental, y no sólo en legislaciones que cambian con el tiempo".
Asimismo aseguran que "la educación religiosa es parte esencial de la calidad de la educación que se ofrece a cada persona y a toda la sociedad", sobre todo en "el contexto del derecho a una educación de calidad, y por ello integral, y considerando que la inmensa mayoría de los chilenos profesa un credo religioso".
"Se requiere ante todo de una norma que especifique y objetive el concepto de calidad de educación, así como la clara delimitación de lo que constituye un delito por vulnerar tal derecho, y las obligaciones y deberes que deben cumplir los padres y alumnos en las escuelas para hacerse acreedores al ejercicio de una acción judicial", para "evitar una posible judicialización de toda la vida escolar, introduciendo un grave elemento de desconfianza, sospecha y conflicto" en la labor educativa, concluyen.