LIMA,
El reciente caso de Paulina Ramírez, una mujer violada que fue utilizada por el controvertido “Center for Reproductive Rights” (CFR) de Estados Unidos y de sus socios regionales para someter al estado mexicano de Baja California a aprobar en la práctica el aborto por violación, es parte de una nueva estrategia para forzar el aborto en América Latina, reveló Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute (PRI).
En diálogo con ACI Prensa, Polo explicó que la nueva estrategia consiste en utilizar acuerdos internacionales no vinculantes para sorprender a los estados y “está explicada en un ensayo titulado ‘¿Qué rol juega el derecho internacional en la promoción y avance de los derechos reproductivos en América Latina?’”, escrito en conjunto por Mónica Roa –la abogada colombiana abortista que busca la liberalización del aborto en su país–, Lilian Sepúlveda-Oliva y Luisa Cabal; las tres miembros del CFR.
En este ensayo, las feministas proponen la vía del litigio internacional para “desarrollar nuevos estándares para la protección de los derechos reproductivos”; para lograr que las autoridades locales se vean obligadas a desconocer la legislación del país e introduzcan cambios que permitan el aborto y la oferta de servicios de “salud reproductiva”para adolescentes.
Las tres mujeres reconocen que estas situaciones están “todavía carentes de un marco legal sólido que refleje una obligación para ejercer los derechos reproductivos”.
Tres casos manipulados
Carlos Polo explica que esta estrategia ha sido utilizada ya en tres casos, dos en Perú y el más reciente en México, por el CFR.